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Un “linchamiento político”, así calificó hoy el presidente Rodrigo Chaves el proceso que se realiza en la Asamblea Legislativa para levantarle la inmunidad por beligerancia política.
La molestia del mandatario se debió a que, durante su comparecencia en el Congreso, Alejandra Larios, diputada del PLN y presidenta de la comisión investigadora, limitó a solo diez minutos la exposición del representante legal de Chaves, sin permitirle más tiempo.
“Esto es un linchamiento político descarado de las diputadas. Se acaba de demostrar de la manera más clara y transparente las arbitrariedades, caprichos e intereses políticos que hacen que la Asamblea Legislativa sea la institución peor calificada de esta patria. Se lo agradezco porque usted acaba de argumentar mejor que nadie la razón por la cual esto es un circo. Aprendió muy bien de su amiga y aliada, magistrada Eugenia Zamora, a poner mordazas Señora, tenga vergüenza’”, expresó el mandatario.
Chaves insistió en que el procedimiento representa un perjuicio institucional más allá de su figura y volvió a atacar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), a la vez que señaló al órgano electoral por supuestamente ponerle “una mordaza electoral”.
“Cómo pedirle objetividad al TSE que usa la palabra beligerancia para disfrazar una persecución política, donde la magistrada presidenta del TSE, Eugenia Zamora, se atreve a decir, o la obligaron a decir, que este servidor amenaza la estabilidad de Costa Rica. Cuando el árbitro se viste con el uniforme de un equipo, con el número 12 en la espalda, ni siquiera debió iniciar el partido (…). Cuando Óscar Arias se paseó por todo el país soñando con traspasar la banda presidencial a una mujer, ¿qué hizo el árbitro? Se tragó el pito y dijo: siga el juego”, indicó Chaves.
El mandatario acudió este viernes 14 de noviembre a la Asamblea para ejercer su derecho a la defensa ante los diputados que estudian la solicitud del TSE para retirarle la inmunidad.
La solicitud del TSE busca permitir una investigación por el presunto delito de beligerancia política, definido en la ley electoral como un delito grave.
Este consiste en utilizar recursos públicos, o hacer manifestaciones públicas, para favorecer la candidatura presidencial de un partido político.
De ser hallado culpable, Chaves no podría ocupar cargos públicos por un plazo de hasta cuatro años y, en el escenario más extremo, podría ser separado de su cargo actual.
Esta no es la primera vez que el presidente enfrenta un proceso de levantamiento de inmunidad. Anteriormente fue investigado por el presunto delito de concusión —un tipo de corrupción—, pero esa solicitud no consiguió los votos necesarios en el plenario para prosperar.
La decisión final sobre su inmunidad en este nuevo caso será tomada por el plenario legislativo en una fecha posterior.
La inmunidad es un fuero que protege al mandatario de enfrentar una acusación en el ejercicio del cargo. Si se levanta la inmunidad, el TSE puede proceder con la investigación.
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