Hoy día los criminales están saliendo más rápido de lo que duran los policías haciendo el papeleo, según mandatario
Rodrigo Chaves advierte que homicidios del narco no bajarán en 2024 si no hay reformas legales de “mano dura”
Responsabilidad sobre la seguridad ciudadana recae en los diputados para mantener a sicarios tras las rejas, reitera mandatario
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Martes 02 enero, 2024
La violencia y los homicidios del narco se mantendrían al alza en 2024 si no hay un cambio en la legislación que permita poner tras las rejas a los sicarios, advierte el presidente Rodrigo Chaves.
Para ello, se requiere modificar la normativa penal para aplicar una “política de mano firme” para restringir el otorgamiento de beneficios carcelarios, a la vez que se debe limitar la libertad condicional.
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En caso contrario, es muy posible que el panorama que hoy vive Costa Rica se repita el otro año y peor aún, que siga aumentando.
La advertencia la hace el mandatario luego de que el año pasado el país sumara más de 900 homicidios, lo que implica un crecimiento de un 40% en relación con el 2022.
La guerra entre bandas criminales por territorio y rutas de trasiego de drogas, han provocado un baño de sangre nunca antes visto en el país.
“El artículo 121 de la Constitución Política señala que le corresponde de manera exclusiva a la Asamblea Legislativa aprobar, reformar e interpretar las leyes. Si no hay una reforma a la normativa penal actual, sospecho que tendremos un año igual en esta materia”, dijo Chaves a LA REPÚBLICA en una entrevista exclusiva, para referirse a la responsabilidad del Congreso.
El mandatario explicó que él, como jerarca del Poder Ejecutivo hace su trabajo; sin embargo, sí fue enfático en que se requiere una respuesta de la Asamblea Legislativa para cambiar el panorama actual.
En ese sentido, Chaves se refirió a una política de mayor firmeza.
“El problema es que Costa Rica, a partir de 1998 durante el gobierno de José María Figueres y los gobiernos que siguieron, especialmente durante las administraciones de Laura Chinchilla y de Luis Guillermo Solís, empezaron a ponerse cariñosos y generosos con los criminales y aflojaron las leyes. A la vez, dieron más beneficios de ejecución, o sea, esa es la causa verdadera del problema y no necesariamente la falta de dinero”, agregó el presidente.
Para el mandatario, la respuesta ante la criminalidad es arreglar el marco jurídico para meter a la cárcel a quienes están en guerra y matándose por la droga.
“La única forma de evitar ese ciclo de destrucción es metiendo esa gente a la cárcel. ¿Qué se ocupa para meter a alguien a la cárcel? Leyes que lo permitan y un Poder Judicial que las ejecute. Hablo de poner la firmeza que se necesita ante el desafío del momento”, finalizó Chaves.
En varias ocasiones, el mandatario ha señalado que hoy día los criminales están saliendo más rápido de lo que duran los policías haciendo el papeleo.
La guerra entre bandas criminales por territorio y rutas de trasiego de drogas, han provocado un baño de sangre nunca antes visto en el país. Canva/La República.
Difícil
Aplicar una política de seguridad de mano dura contra el narcotráfico, el crimen organizado y los homicidios no es posible en Costa Rica, de acuerdo con varios diputados de oposición.
El país debe garantizar el debido proceso penal, así como los derechos humanos de todos los involucrados, incluidos los criminales.
Por otra parte, cualquier reforma legal que se apruebe, debe tener en cuenta la integralidad de la situación, evitar el populismo y el hacinamiento carcelario para no violentar los acuerdos internacionales que el país ha firmado.
Óscar Izquierdo, jefe del PLN, hace un llamado a no tomar decisiones “al calor del momento”. Cortesía/La República
“Con una sola acción, como meter a la gente en la cárcel, no vamos a resolver todos los problemas. Debemos pensar que también somos un país garantista; es decir, que cualquier decisión que tomemos no debe olvidar el principio de inocencia, que las personas acusadas tengan un abogado y que se cumpla con el debido proceso”, dijo Vanessa Castro, diputada del PUSC a este medio anteriormente.
Además del PUSC, legisladores del PLN y Nueva República advirtieron que las propuestas que ha hecho el presidente Chaves para frenar el crimen no solo violan los derechos humanos, sino que contravienen en algunos casos la Constitución Política.
En ese sentido, Óscar Izquierdo, jefe del PLN, hace un llamado a no tomar decisiones “al calor del momento”.
“Hay proyectos del gobierno que fueron analizados por el Departamento de Servicios Técnicos y que han advertido que tienen roces de inconstitucionalidad. No se trata de aprobar proyectos al calor del momento”, dijo Izquierdo.
Límite
Uno de los temas que impulsa el presidente Rodrigo Chaves es limitar el otorgamiento de beneficios carcelarios.
El mandatario hizo una propuesta de ley:
- Se limita el otorgamiento de medidas cautelares únicamente para delitos que tengan penas inferiores a los 4 años de prisión
- En cuanto a la pena de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, se propone bajar de seis años, como se encuentra actualmente, a cuatro años de prisión, la pena impuesta para que las personas juzgadoras puedan otorgar este tipo de sanción
- De esta manera, violadores y personas con antecedentes penales de narcotráfico, crimen organizado y asesinos o sicarios no podrán salir de la cárcel con medidas provisionales
