Riesgo por títulos sin validez
Es competencia desleal permitir a estos centros impartir clases sin una regulación, los estudiantes están indefensos, explicó Alban Bonilla, presidente de Unire. Archivo/La República
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Riesgo por títulos sin validez

Sector público desconoce los estudios si provienen de una escuela no acreditada

Si usted aspira a un puesto en el sector público –incluso en algunas empresas privadas—, tenga cuidado de la escuela con la cual está consiguiendo su diploma.
De nuevo es común ver publicidad de escuelas de negocios o universidades internacionales que promocionan sus cursos, pero no advierten que sus carreras no están certificadas en el país.


Enseñar de la manera en que estas lo hacen es legal, pero deben advertir al estudiante que sus títulos no tienen validez en el país.
Para las universidades privadas significa una competencia desleal, porque la ley las obliga a cumplir una serie de requisitos que su competencia incumple.
Imagine a un estudiante que cursa 21 meses para sacar un grado académico, con la ilusión de que ese título le dé mejores oportunidades laborales, pero cuando lo recibe se entera de que no es reconocido por el Ministerio de Educación.
Eso significa que no podrá usarlo para ingresar a empresas donde verifiquen su procedencia, para convalidar las materias cursadas y seguir con estudios superiores en otra universidad que sí esta reconocida.
Esto ocurre con las universidades internacionales que tienen acreditaciones en otros países pero no en el nuestro, pues el Conesup y el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior desconocen sus planes de estudio.
Para dar validez a estos títulos en Costa Rica, deben ser presentados ante el Consejo Nacional de Rectores y ser equilibrados con planes de estudio de universidades públicas.
Estos centros de estudio tienen su propia infraestructura, aunque también imparten clases en salones u hoteles, y en su mayoría ofrecen programas de actualización empresarial de alto nivel.
Las escuelas empresariales en cuestión ofrecen desde certificados hasta grados de maestría en áreas como negocios, relaciones internacionales, recursos humanos y gestión empresarial.
Este tipo de modalidades se convierten en una competencia desleal para las universidades privadas que deben apegarse a los requisitos de ley para funcionar.
La escuela de negocios ADEN, International University of Humanities and Social Sciencies en Escazú, y Thunderbird School of Management son tres centros educativos superiores privados internacionales que dan clases sin reconocimiento académico en el país, según Conesup.
Y aunque su acto no es ilegal, pues ninguna ley lo impide, estos centros estarían en la obligación de informar a los estudiantes que su título no es reconocido en el país.
Las escuelas de negocios son dirigidas a empresarios principalmente; sin embargo, las universidades internacionales ofrecen carreras en áreas más amplias como recursos humanos, gestión de empresa familiar, management de salud y minería.
Ofrecen grados académicos de bachillerato, licenciatura, maestría y postgrado los cuales se pueden conseguir al cursar clases on line, híbridas y presenciales.
Algunas de estas universidades sí cuentan con infraestructura, mientras que otras no, pues el estudiante recibe la clase a través de su computadora.
Para la Unidad de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica (Unire), el funcionamiento de estos centros sin regulación de las autoridades es competencia desleal.
Esta organización reúne 35 centros educativos y cuentan entre los reconocimientos de ley, con el Sistema de acreditación de la educación superior universitaria privada costarricense.
“Cuando un centro extranjero quiere afincarse en Costa Rica, por ley no puede usar el nombre de “universidad”, si lo que hace es reclutar estudiantes para cursar estudios virtuales en universidades extranjeras o presenciales, trasladándose, esto es competencia desleal”, indicó Alban Bonilla, director ejecutivo de Unire.
Las universidades privadas deben cumplir con los requisitos del Ministerio de Educación, como un plan de estudios, instalaciones, laboratorios, adaptaciones de la Ley 7600.
La Unidad Nacional de Rectores asegura que está pendiente de reportar los centros que se identifican como universidades sin serlo, pero en los casos de escuelas de negocios y similares el ordenamiento no otorga protección
El problema parece ir más allá de las autoridades competentes, pues no cuentan con denuncias, ni realizan investigaciones de estos centros pese a reconocer su existencia y la falta de regulación.
“El Consejo conformó una comisión que está estudiando este tema de las universidades no oficiales y cuáles serían las potestades del Ministerio de Educación Pública con respecto a estas entidades, una vez que se tenga el criterio se discutirá para los respectivos acuerdos”, aseveró Evelyn Chen, directora ejecutiva del Conesup.
En estos casos, las autoridades proceden con una inspección para conocer las condiciones del centro denunciado y la afectación a los estudiantes, para luego considerar un cierre.
Sin embargo, actualmente ninguna autoridad fiscaliza su funcionamiento, ni existen intenciones inmediatas de hacerlo.
LA REPÚBLICA buscó la versión de los rectores y directores de estos centros educativos pero no recibimos respuesta de sus representantes en el país.

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Angie Calvo
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