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Resumen semanal

| Sábado 07 junio, 2008








HECHO PRINCIPAL
Consejo de Producción sin presidente

El Consejo Nacional de Producción se quedó sin presidente ejecutivo, debido a que José Miguel Carrillo declinó aceptar el puesto.
Carrillo había sido nombrado por el presidente Oscar Arias una semana antes; sin embargo, no tomó posesión debido a una serie de críticas sobre su presencia en la aprobación irregular de varios créditos por ¢11 mil millones en el pasado.
Carrillo participó en las sesiones de junta directiva debido a que fungía como gerente de la entidad, aspecto que motivó el enojo de diversos sectores políticos.
El Consejo de Producción se ha visto envuelto en una tormenta de críticas debido no solo a la aprobación de esos empréstitos, cuyos recursos iban a ser destinados a la Banca de Desarrollo, sino además porque en virtud de su ley es la entidad llamada a atender el problema de la crisis alimentaria, aspecto que ha sido asumido por otras dependencias gubernamentales.
De momento, las autoridades gubernamentales no han decidido quién será el sustituto de Carrillo; sin embargo, diputados de varias fracciones celebraron su decisión de separarse del cargo, a la vez que presionan para que los restantes directivos hagan lo mismo.



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Aunque el país se ha promocionado mundialmente como un centro de servicios y ha atraído inversiones de empresas multinacionales que instalaron sus call centers aquí, la atención al cliente más bien va marcha atrás.
En ese sentido la cantidad de denuncias ha venido en aumento cada año, sobre todo por aspectos como la venta de celulares, vehículos, servicios en general, turismo, enseres y vivienda.


Nuevas reglas contra el tabaco

La aprobación del Convenio Marco para el Control de Tabaco traerá nuevas reglas para comercios y empresas.
El convenio establece por ejemplo la prohibición de fumar en cualquier sitio considerado como público, con excepción de las calles.

Universidades y Hacienda chocan

Las universidades públicas y el ministerio de Hacienda chocan por los recursos que debe entregar el Estado a las escuelas de enseñanza superior.
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