Juan Manuel Villasuso

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Martes 27 Octubre, 2009


Dialéctica
Responsabilidad política

La tragedia ocurrida la semana pasada en el puente que unía Orotina y Turrubares en la que murieron cinco personas, hombres y mujeres de nuestra tierra que por negligencia e irresponsabilidad perdieron sus vidas, nos llena de dolor y de cólera.
No debió suceder. Muchos indicios había de que el puente era inseguro y múltiples las notas de alerta que las autoridades municipales enviaron al MOPT. Pero no fueron escuchadas. Otras prioridades ocupan la atención de los jerarcas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
No hay excusas. La Ministra y sus colaboradores cercanos deben asumir la responsabilidad política de lo sucedido. Ni el chofer del bus ni el empresario provocaron el desastre, sino “la inoperancia de un Estado incapaz de fijar prioridades y velar por las más elementales exigencias de la seguridad”. Y ese Estado, en este caso, tiene nombre propio: Karla González.
Bien señala el editorial de LA REPUBLICA del 23 de octubre: “Esto no puede ser un juego que gane quien mejor sepa inventar excusas o diferir responsabilidades. Los costarricenses merecen mucho más que eso. Merecen que las autoridades que cada cuatro años eligen para administrar el país y velar por la seguridad y la buena calidad de vida de los habitantes cumplan realmente con su trabajo. A nadie se le obliga para que asuma esas responsabilidades. Las asumen solo quienes, supuestamente, están en disposición de cumplirlas”.
La responsabilidad política refiere a lo que los anglosajones denominan accountability: dar debida cuenta ante la ciudadanía de sus actos en la función pública y hacerse directamente responsable de su gestión.
La responsabilidad política ha sido definida como “aquella que asume toda autoridad de gobierno respecto a lo que ocurre en su área de poder directo, aunque no haya intervenido personalmente”. Esa responsabilidad no está sujeta solamente a criterios de legalidad, sino que ha de atenerse también a determinados valores o servir a ciertos fines, de cuya realización se considera garante al titular del poder.
El tratadista Joaquín García Morillo señala que la responsabilidad política es un aporte del sistema democrático que evita tener que seguir soportando a un incompetente. La sanción derivada de la exigencia de la responsabilidad política es la renuncia, que no persigue tanto castigar o asegurar la reparación de un daño, cuanto ratificar la idea de que los gobernantes están al servicio de los gobernados. “Lo que se sanciona no es haber actuado ilícitamente, sino la falta de idoneidad para el ejercicio de la función”.
Las personas que se desempeñan como jerarcas de la administración pública deben rendir cuenta y responder con su cargo, si la gravedad lo amerita, por las fallas atribuibles a su propia gestión o la de sus subordinados.
Desplazar del terreno de lo político hacia lo jurídico los actos de un funcionario gubernamental de alto rango es una táctica frecuentemente utilizada para eludir la responsabilidad política. Lo hemos visto con mucha frecuencia en la Costa Rica de nuestros tiempos. Se busca con ello que la discrecionalidad y la oportunidad, elementos característicos de la decisión política, sean sustituidos por los parámetros de la legalidad.
Es hora de que en nuestro país quienes ocupan cargos públicos tengan el pundonor necesario para asumir la responsabilidad política de sus actos y dejen de escudarse en lo normativo y en el respaldo presidencial para sostenerse en sus puestos. Esta tragedia debería servir de ejemplo.