Responsabilidad o complicidad

El que las calles estén, de nuevo, en estado de emergencia, como lo señala una nota de este medio hoy, es doblemente alarmante. En primer lugar por lo que significa para quienes las circulan y pagan para que estén en buenas condiciones. En segundo lugar porque demuestra que ciertas cosas siguen mal en la administración. Sufre la población los mismos problemas, por las mismas razones y no hay voluntad para que eso cambie.

Si un contrato de mantenimiento de vías públicas está a poco tiempo de vencer, el jerarca o funcionario responsable debe encargarse de renovarlo, si es necesario, y de hacerlo a tiempo para que ninguna labor se interrumpa.

Si se licita en forma indebida o el nuevo contrato se hace mal, el asunto irá a otras instancias encargadas de revisar y de que se corrija. Así debe ser. Lo que se hace mal debe ser corregido y las personas deben ser responsables de sus actos.

Pero si se sabe que esto puede ocurrir y que lleva un tiempo tramitarlo, porque en Costa Rica las autoridades han preferido mantener la lentitud como forma de trabajo en el sector público, deben al menos estar previstas las soluciones alternas aunque sean temporales.

Las autoridades deben tomar medidas desde el primer día que aceptan asumir cargos públicos para tener alternativas, correctas y transparentes, a fin de que se sigan llevando a cabo labores que podrían sufrir demoras a causa de contratos mal elaborados o adjudicaciones mal hechas.

Es decir, alternativas para que el mal desempeño no recaiga, transformado en problemas, sobre la población.

Sin embargo, no siempre ocurren así las cosas en este país. Echar las culpas a otros o tratar de buscar disculpas donde no las hay no es más que una de las caras de la incapacidad o la indolencia.

En el caso de las vías públicas, la ciudadanía llegó al límite de paciencia en esa repetida y desastrosa situación de tener que cargar con los costos económicos y las molestias del daño sufrido a sus vehículos livianos por causa de las pésimas calles donde deben circular.

Esto tiene una razón lógica: esos ciudadanos pagan cada año porque las vías estén en buen estado.

¿Tendremos, nuevamente, solo un silencio por respuesta? ¿Se le pedirá que rinda cuentas a quien tomó la decisión equivocada de eliminar los trenes y que llenó de camiones de carga pesada nuestras calles, destruyéndolas día tras día? ¿Se tomarán en serio estas cosas o se asumirá una posición cómplice?