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Reos asfixian capacidad carcelaria

Redacción La República redaccion@larepublica.net | Miércoles 04 noviembre, 2009




Tribunales de Flagranciaha sacado a unas 600 personas de las calles
Reos asfixian capacidad carcelaria
• Solo en el centro penitenciario San Sebastián, una quinta parte de la población corresponde a este tipo

Daniel Chacón
dchacon@larepublica.net

Las cárceles no dan abasto, mientras que los Tribunales aprovechan los mecanismos abreviados para sentenciar a los delincuentes capturados “in fraganti”.
Los robos de celulares, joyas, arrebato de carteras, atentados contra turistas y daños ocasionados contra vehículos forman parte de los delitos que son resueltos a través de los Tribunales de Flagrancia.
Aunque parezca positivo, genera un problema crítico para el sistema penal. La cantidad de detenidos y enjuiciados por este mecanismo presiona la capacidad de las cárceles, siendo uno de varios detonantes originadores de la sobrepoblación.
A un año del inicio de la aplicación de esta ley, un 22% de la población del complejo penal San Sebastián ingresó procesado por esta vía, de acuerdo con las estadísticas que maneja el Ministerio de Justicia. A estas 144 personas se les debe sumar las existentes en los otros 25 centros penitenciarios del país.
El crecimiento de la población penitenciaria hasta 2008 rondaba el 5% anual. Este año el sistema recibiría 440 privados de libertad, pero en los primeros nueve meses ya han ingresado 1.200; tres veces más de lo previsto y sin que termine el año.
“La causa más importante de ingresos procede de los tribunales de flagrancia, tanto de condenas como la gente que opta por proceso abreviado”, consideró Hernando París, ministro de Justicia.
A este ritmo, se esperaría que la población penitenciaria aumente en 1.600 personas, superando en cuatro veces la capacidad que se tenía prevista; y de estos, casi la mitad sería por causa de los tribunales de flagrancia.
Ante tal situación, existe un plan de emergencia que tomaría ¢249 millones —anteriormente previstos para la compra de un terreno— para acondicionar una nueva área en San Sebastián que a la fecha no ha sido utilizada por el estado en que se encuentra.
Adicionalmente, existe un plan para construir planta física nueva que amplíe la capacidad de siete centros penitenciarios, abriendo así 600 nuevos espacios.
El último punto del plan es pasar a las 160 personas recluidas por pensión alimentaria que se encuentran en La Reforma, a otro inmueble de condiciones diferentes; con lo cual se lograría habilitar un espacio adiciona para al menos 800 privados de libertad.
Para resolver en el mediano plazo, el Consejo de Gobierno permitió explorar un empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo por unos $30 millones (cifra preliminar).






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