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Monto es el gasto en promedio en la atención de 1.932 reos de otros países
Nacionales pagan ¢27 millones al día por reos extranjeros

• Situación de hacinamiento en sistemas penitenciarios de Latinoamérica impide repatriación

Yessenia Garita
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Los 1.932 extranjeros detenidos por cometer delitos en nuestro país y que representan casi el 24% de la población carcelaria actual, deberán continuar cumpliendo su sentencia en Costa Rica.
El hacinamiento en las cárceles de su país de origen, así como la pobreza en algunos de estos, hace que sus gobiernos no opten por la repatriación de los privados de libertad.
De los 1.932 foráneos que descuentan penas, la gran mayoría son de nacionalidad nicaragüense y colombiana.
El 60% proviene de Nicaragua, mientras que un 13% es originario de Colombia. Les siguen los panameños, guatemaltecos, estadounidenses y cubanos.
El principal delito cometido por los nicaragüenses es el de robo agravado, causa por la cual 302 cumplen sentencias de hasta diez años. Los homicidios simples, el abuso contra menores de edad y las violaciones son otros de los delitos cometidos por esa población.
En el caso de los colombianos, el tráfico internacional de drogas o la infracción a la Ley de Psicotrópicos (venta y consumo de drogas) son los delitos más comunes en los que se involucran, con un total de 116 personas encarceladas. Les siguen el robo agravado con 23 casos y el transporte de drogas con 14.
La manutención de los presos implica una fuerte erogación para el Estado debido a que cada uno le cuesta hasta ¢14 mil diarios al sistema penitenciario, lo que equivale a unos ¢27 millones por día.
El año pasado se logró repatriar a 27 personas que estaban detenidas. Estas fueron enviadas a España, Inglaterra, Holanda, Panamá, Guatemala y Nicaragua.
“De los 269 colombianos detenidos, unos 165 estarían dispuestos a una repatriación voluntaria, pero no se puede realizar el trámite porque Colombia no ha firmado el convenio internacional que permita el proceso. Costa Rica lo firmó y ratificó desde 1983”, dijo Viviana Martín, ministra de Justicia.
Se trata de personas a quienes casi nadie las visita porque no tienen familiares en el país y prefieren ser enviadas a las cárceles de su nación de origen a cumplir la pena.
Para ser repatriados no deben tener pensiones alimentarias pendientes y además deben plantear la solicitud.
Actualmente Costa Rica tiene convenios de repatriación con Estados Unidos, Brasil, Chile, Venezuela, Nicaragua, Inglaterra, España, Francia, República Checa, Austria e Israel.
“Los nicaragüenses permanecen en nuestras cárceles porque aunque existe el convenio de repatriación, no quieren aceptar más privados de libertad allá porque ello representa implicaciones en sus sistemas penitenciarios”, dijo Fernando Ferraro, viceministro de Justicia.
Esto por cuanto los centros penales de Nicaragua albergan actualmente unos 4 mil prisioneros, es decir un 60% más de la capacidad para la que fueron creados. En lugar de ser áreas de rehabilitación son un foco de dificultades.
Uno de los principales problemas que enfrentan los privados de libertad en estos reclusorios es el hacinamiento.
A modo de ejemplo, en Panamá los más de 11 mil presos están albergados en prisiones con capacidad total para 7 mil, según informes del Ministerio de Gobierno y Gracia de ese país.
“Lo mismo sucede con los guatemaltecos y los panameños. El hacinamiento y la inseguridad son evidentes en las cárceles de esos países”, manifestó Ferraro.
Costa Rica es actualmente el único país de Latinoamérica que no sufre el problema de sobrepoblación en sus cárceles, indicó Martín.
La tasa de población penitenciaria llegó a un 96%, para una población de 8.150 personas presas en los 26 centros penales distribuidos por todo el país.
No obstante, para 2009 se pretende la construcción de módulos que permitirán albergar a 500 personas más. Estos módulos estarán en Liberia, Limón y Puntarenas.
“Tenemos espacio en las mismas cárceles para construir módulos y con ello mejorar la capacidad de los centros penitenciarios”, manifestó Martín.
Los ticos también desean terminar de cumplir sus condenas en su país de origen. El año pasado 40 costarricenses acudieron a Adaptación Social para solicitar su repatriación.
Sin embargo, solo diez de ellos lograron su objetivo, después de que les aplicaron penas en Panamá, México y España, según informes del Ministerio de Justicia.
La mayoría de los ticos condenados en el exterior cayó por casos de narcotráfico, que les significaron penas de entre cinco y ocho años de cárcel.
Los privados de libertad no solo representan una millonaria inversión para el Estado, sino que también gozan de los mismos privilegios que los nacionales.
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