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La tasa de delitos se incrementó en un 37% durante la última década
Rencor y miedo dominan a los costarricenses

• Atraso en reformas a leyes relacionadas con fortalecimiento de seguridad atiza clima de pesimismo
• Más de la mitad de los ciudadanos favorece la pena de muerte y el linchamiento callejero, asegura Informe Estado de la Nación

Eduardo Baldares
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El crecimiento en las cifras sobre criminalidad devela sin lugar a dudas que el hampa va ganando la partida al gobierno.
El sentimiento de desprotección crece entre la población. Prácticas antes repudiadas como la pena de muerte, empiezan a ganar aceptación entre una población angustiada por el crimen.
Mientras tanto, las iniciativas para endurecer las penas y dotar a la policía y juzgados de mejores herramientas en su lucha contra el hampa apenas caminan en una Asamblea Legislativa prácticamente dedicada al trámite de los proyectos relacionados con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Las estadísticas son frías, pero no mienten. El auge de la delincuencia es un hecho sin discusión. La tasa de delitos por cada 100 mil habitantes se incrementó de 2.293 a 3.133 en los últimos nueve años, según el Decimocuarto Informe Estado de la Nación.
La cantidad de asesinatos se cobraron 139 víctimas más en esta década, y el año pasado se superó por primera vez el promedio de una víctima por día.
A pesar de esto, más de un 95% de las denuncias concluye con una desestimación.
Mientras crece el ambiente de impunidad, la satisfacción de los costarricenses con los encargados de juzgar a los criminales se hunde. Más de la mitad favorece la pena de muerte y el linchamiento callejero. Casi un 40% justifica el uso de la tortura como método para extraer información, añade el Informe.
Este clima se enrarece más por la desconfianza de la capacidad de la Fuerza Pública para defender al ciudadano de los delincuentes. Esta percepción tiende a ser proporcionalmente mayor entre aquellos que viven en hogares donde alguien ha sido víctima de los maleantes. En estos casos solo el 57% lo reportó a las autoridades, según reveló la más reciente encuesta de CID-Gallup para LA REPUBLICA.
La población percibe que la inseguridad ha aumentado durante la actual administración, según lo indican dos de cada tres de los entrevistados (64%). Por añadidura, en una proporción muy parecida se prevé que los hampones seguirán ganándole la carrera al Gobierno, y que el crimen continuará subiendo en lo que resta de esta administración.
Además de los números incuestionables, otro factor que fomentaría la negatividad ciudadana es el atraso en la aprobación de la Ley de Fortalecimiento Integral de la Seguridad Ciudadana, que tras la declaratoria de “emergencia nacional” de enero, se presentó desde el pasado mes de marzo a la Asamblea Legislativa.
“El Poder Ejecutivo ha hecho lo que ha podido para combatir la delincuencia, pero en el Congreso no hemos aprobado todas las reformas necesarias y esa es una deuda que tenemos. Una vez que se implemente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (Cafta), esa debe ser la prioridad”, reconoció Mayi Antillón, diputada de Liberación Nacional.
De toda una amplia gama de reformas que se pretendía hacer a diferentes leyes relacionadas con la seguridad, entre otras medidas de carácter presupuestario, son muy pocas las que se han implementado.
Entre ellas están la contratación de más agentes judiciales, jueces, fiscales y defensores públicos, renovación de equipos así como la adición al Código Procesal Penal de un procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, que
se comenzó a implementar desde el 1º de octubre, pero como plan piloto.
Ahora no será necesaria la presentación escrita del informe o parte policial. Bastará con la declaración oral de la autoridad actuante, y el tribunal de juicio será constituido por un único juez. El tiempo máximo de resolución será de cuatro días.
Sin embargo, queda pendiente la gran mayoría. Por el momento la Comisión de Seguridad del Congreso ya dictaminó dos de los seis expedientes en los que dividió la propuesta original del Poder Ejecutivo. “Ahora faltan los periodos de mociones y reiteración de mociones que anteceden al primer debate”, explicó Harold Villegas, asesor del Partido Acción Ciudadana.
Dentro del primer expediente dictaminado se contempla la ampliación de las causales de prisión preventiva. Por ejemplo, cuando el sospechoso esté implicado en hechos de violencia anteriores, aun si estos procesos no hayan concluido.
Además se pretende sancionar más drásticamente varios delitos. El hurto agravado pasa del mínimo de tres meses a un año; el daño agravado como los destrozos en la Universidad Latina, de tres a cuatro años, entre otros.
En el segundo expediente se introducen el concepto y el delito de crimen organizado, y se busca el levantamiento del secreto bancario. También se promueve la creación de la plataforma de información policial a partir de la cual funcionarían los nuevos bancos de datos sobre reincidencia.
Asimismo, se le harían algunos retoques a la Ley de Psicotrópicos para darle potestades al Instituto Costarricense sobre Drogas. La idea es hacer más funcional el uso del fideicomiso para la administración de los bienes decomisados al narcotráfico y al crimen organizado.
Antes de dejar su cargo como ministro de Seguridad este año, Fernando Berrocal explicó que en 2007 se incautaron $13 millones al narco, pero que ante la maraña de procedimientos que había que hacer esos recursos no los había podido reinvertir en la lucha contra el crimen.
Ahora quedan por dictaminar los expedientes relacionados con los temas de armas, migración, Policía Municipal y reformas varias a distintas leyes, entre las que sobresale la del Tránsito. “La propuesta original se dividió en seis para ir avanzando más rápidamente en las que hay mayor acuerdo, y así darle a la ciudadanía una señal de avance”, explicó el asesor Villegas.
“Una vez aprobadas todas las reformas necesarias, esperamos darles a las instituciones encargadas de velar por la seguridad nacionales las armas para combatir de manera más efectiva el crimen, y ojalá en próximos sondeos se detecte un mayor sentimiento de tranquilidad en los costarricenses”, finalizó Antillón.







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