Reiteradas dudas y críticas al proyecto de Alfabetización Digital

Mario Montero

Presidente de INFOCOM

Con cada texto sustitutivo presentado al expediente 22.206 “Programa Nacional de Alfabetización Digital”, crecen las dudas, los riesgos y las críticas de parte de organizaciones técnicas expertas en materia tecnológica.

La Contraloría General de la República (CGR) ha manifestado, de forma reiterada y contundente, que esta propuesta de ley impulsada por el presidente de la República, Carlos Alvarado y la diputada Yorleny León, es innecesaria.

Además, señala la Contraloría, que aprobar esta iniciativa de ley generará un incremento en el aparato burocrático, mayores costos operativos, distorsión en las competencias del rector de telecomunicaciones y un traslado de competencias altamente técnicas a entidades públicas sin el conocimiento adecuado como el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Por si fuera poco, el proyecto contraviene el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, propicia la intromisión del Estado y provoca riesgos en la administración de recursos públicos.

A las críticas del ente contralor se han sumado organizaciones como la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), la Cámara Nacional de Radiodifusión (CANARA), el Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC), el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y el Colegio de Abogados de Costa Rica.

En la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (INFOCOM), apoyamos los procesos de alfabetización digital y cierre de brechas; pero estamos conscientes de que no es con nuevos proyectos de ley que se pueden alcanzar estos objetivos. Ya el país cuenta con el marco jurídico adecuado, a la espera de la política pública que debe ser dictada por el Poder Ejecutivo.

Lamentamos que en el último año el Gobierno haya enfocado sus esfuerzos en impulsar este proyecto de ley cargado de intereses políticos, en vez de emitir políticas públicas que atiendan realmente las necesidades de los estudiantes en condición de pobreza y otras poblaciones vulnerables que se han visto perjudicadas por la pandemia.

Sería irresponsable no solo desconocer los múltiples criterios técnicos de las organizaciones mencionadas en contra del proyecto, sino poner en riesgo los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) que hoy benefician con conectividad y equipo a cientos de miles de costarricenses en condición de pobreza.