Vladimir de la Cruz

Vladimir de la Cruz

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Miércoles 1 Marzo, 2017

Todos los ciudadanos tienen iguales derechos de intentar organizar partidos políticos, de participar con ellos en el proceso electoral independientemente de cual sea el resultado a su favor

Pizarrón

Reformas constitucionales y electorales urgentes y posibles

Está en proyecto de ley en la Asamblea Legislativa una iniciativa para modificar la Constitución Política, con motivo de las elecciones próximas, para facilitar el acceso al financiamiento público electoral, a los partidos políticos, de manera adelantada, y no contra la justificación de gastos a posteriori, con base en el propio presupuesto que los partidos políticos están obligados a presentar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Por ser una modificación constitucional requiere un trámite calificado de discusión, pero para ello, porque les beneficia a los partidos políticos, incluidos todos los que tienen representación parlamentaria, que cuentan con diputados, y por ello tienen asegurada la participación en ese posible adelanto de dinero del financiamiento público al proceso electoral, este proyecto se dice tiene el aval de todas las fracciones legislativas actuales, incluso a la de Gobierno, y al Gobierno mismo, que se siente con posibilidad de repetir mandato, lo que haría viable su aprobación para que de inmediato empiece a funcionar hacia las próximas elecciones.
Si se va a aprobar este proyecto de ley, de conveniencia para todos los partidos políticos que hoy cuentan con amparo en el Artículo 96 de la Constitución Política, el que establece este financiamiento, deberían atreverse a incluir otro proyecto de ley, también de reforma constitucional, que es de conveniencia también a todos los partidos políticos, que es el de invertir las sesiones legislativas, de manera que a partir de 2018, la Asamblea Legislativa arranque en mayo con las sesiones extraordinarias, y no con las ordinarias como se hace ahora, que son las que le dan la iniciativa de ley al Poder Ejecutivo.
Así cualquier partido que gane las elecciones, en el supuesto de que ese partido esté entre los que tienen diputados actualmente, pueda con el impulso que da el gane electoral, en primera o en segunda ronda, en febrero o en abril, inmediatamente, en mayo, al asumir el Gobierno, el presidente electo pueda enviar al Congreso los proyectos de ley que son de su interés inmediato, que responden al programa de Gobierno que se ha ofrecido en la campaña electoral, que se presenta al Tribunal Supremo de Elecciones, y que responde también a las promesas de discursos públicos y de propaganda electoral que el candidato y partido ganadores han hecho a lo largo del año, como ya lo están haciendo, en las actividades propagandísticas, los precandidatos presidenciales al interior de sus respectivos partidos, en su lucha interna con miras a atraer a sus propios votantes como a todo el electorado.
El resultado del primer proyecto de ley es darle contenido a la campaña electoral de cada partido prácticamente desde ahora, o de manera más precisa desde que estén oficialmente inscritos y se les faculte, por el Tribunal Supremo de Elecciones, para empezar a gastar anticipadamente los dineros a los que tendría derecho cada partido, según lo establezca el propio tribunal electoral.
El resultado del segundo proyecto sería empezar a darles respuesta a los ciudadanos respecto a lo que cada partido y candidato, especialmente el ganador electoral, ofrece en la campaña, para empezar a materializar sus promesas y compromisos, y empezar a realizar, para muchos ciudadanos, especialmente los que votan por el candidato y partido ganador, los sueños y las esperanzas que depositan en esos partidos y candidatos y, en ganarles, así, finalmente, confianza a la institucionalidad política, a los partidos políticos, a sus candidatos, a los políticos en general, y a robustecer con ello la democracia misma como sistema de convivencia política, social y económica.
En este último sentido, si el candidato y partido ganador no tuvieran por resultado electoral una mayoría simple legislativa, y los partidos que elijan diputados en 2018, le dieran respaldo, en beneficio de la duda al nuevo Gobierno, para apoyar y aprobar sus iniciativas legislativas, en concordancia con lo ofrecido en la campaña electoral, resultado de acuerdos políticos parlamentarios, con visión nacional, estaríamos ganando más como democracia, como institucionalidad y, más aún, en gobernabilidad democrática.
Pero, sí la queremos hacer negra y trompuda, como dice el refrán popular, se debe avanzar igualmente a reformar todo el Artículo 96 constitucional, de manera que se garantice el financiamiento electoral a todos los partidos políticos que se inscriban para las elecciones, sin la odiosa discriminación que en ese artículo está establecida de solo garantizarles financiamiento a los partidos que alcancen más de un 4% de votos o elijan al menos un diputado.
Esta reforma es más complicada porque a los mismos partidos que tienen representación parlamentaria no les interesa que todos los partidos tengan igual, aunque proporcional, acceso al financiamiento, porque al darles esta posibilidad les dan contenido económico, por pequeños que sean, para financiar sus campañas electorales lo que puede repercutir, en la práctica, para que estos partidos tengan mayor posibilidad de elegir diputados, de restarles curules o los que ya tienen, o hasta desplazarles parlamentariamente.
Hasta hoy ni siquiera los partidos de izquierda, y los llamados de izquierda, que han tenido representación parlamentaria, que han sido también víctimas, cuando no han elegido diputados, de la aplicación odiosa y discriminante del Artículo 96 como está redactado, se han convertido en el Congreso en propiciadores y defensores de una reforma democrática como la que señalo.
De los otros partidos bien no podría esperarse la defensa de los pequeños, y menos de los partidos confesionales que han arribado a la Asamblea y han creado nichos políticos de representación popular porque igualmente se sienten amenazados de desplazamiento parlamentario, y lo único que les interesa es asegurar lo suyo.
La democracia, la representación democrática, aquí funciona tan solo como discurso, como palabras huecas o vacías, que refleja, en cierto modo, lo que cada partido de estos haría en caso de llegar a gobernar el Poder Ejecutivo. Aplicarían, para decirlo de otra manera, a todos los partidos, lo que a ellos históricamente se les ha aplicado, exclusión, discriminación, marginación, inaccesibilidad al financiamiento público electoral, y hasta promoverían la cancelación de la inscripción electoral de partidos políticos.
Ahora bien, ¿es posible financiar a todos los partidos con equidad, con igualdad? Obviamente no se puede comparar a todos por igual. Hay que hacer alguna tabla de comparación para distribuir con la mayor equidad posible el financiamiento público electoral, garantizando así que todos tengan ese financiamiento de conformidad con su real tamaño.
¿Cómo se podría proceder en este sentido? Para un proyecto de esta naturaleza quizá el mejor mecanismo sería el siguiente.
Dispuesto por el Tribunal Supremo de Elecciones el monto destinado a cubrir los gastos de la campaña de 2018, específicamente lo que justificaría los gastos electorales de conformidad a los presupuestos que cada partido presenta obligadamente al tribunal electoral, este presupuesto se dividiría en dos partes iguales.
Una mitad, le daría contenido presupuestario a cada partido político que participó en el último proceso electoral nacional, o provincial, cuando solo se inscribieron en esta dimensión, de conformidad al porcentaje electoral obtenido en esa elección, en la elección de febrero, nunca en la de la segunda ronda. Con ello todos los partidos que vuelven a inscribir tienen asegurada su proporción de gasto electoral. Para esta situación se tomaría en cuenta a los partidos que habiendo participado en la anterior elección no lograron el 4% de votos o no eligieron diputados, sobre la base de que esta reforma elimina esa odiosa discriminación.
La otra mitad, se distribuiría de manera equitativa, por igual porcentaje, entre todos los partidos, los que participaron en las anteriores elecciones que vuelven a repetir, y los nuevos que se inscriben. Así, a los que ya participaron se les mejora un poco más su porcentaje, y a los que nunca han participado, a los nuevos, y a los que participaron en la anterior y no tuvieron el 4% de votos, pero vuelven a participar, ahora sí se les reconoce este mínimo porcentaje.
Esto sí garantiza un financiamiento democrático a todos los grupos o partidos políticos que participen en la campaña electoral. Probablemente, hacia el futuro estimularía más la participación política y ciudadana, sin hacer malas caras a la mayor cantidad de partidos políticos que puedan llegar a existir.
En la práctica hoy, igualmente, siempre opera el principio de que se pueden inscribir, si logran cumplir los requisitos establecidos por el Tribunal Supremo de Elecciones, muchos partidos políticos.
Todos los ciudadanos tienen iguales derechos de intentar organizar partidos políticos, de participar con ellos en el proceso electoral independientemente de cual sea el resultado a su favor y de ejercer su voto por el candidato y partido de su preferencia, considerados en igualdad de condiciones todos ellos.
La democracia electoral y la participación ciudadana se enriquecen con el abanico electoral que se ofrece en cada proceso electoral. Probablemente, aunque todavía no se ha hecho ese balance histórico de manera tranquila emocionalmente, desde que se rompió la mayoría bipartidista parlamentaria hoy tenemos una mayor y más rica democracia representativa. Algunos lo dirán también respecto al haber roto el bipartidismo clásico del control del Poder Ejecutivo con la elección del PAC.
Algunos piensan que al contrario la situación del país empeoró por ello, por la falta de acuerdos políticos que cuesta alcanzar. Pero la dificultad de los acuerdos parlamentarios y políticos no tiene que ver con esto. Tiene que ver con la miopía política, con la falta de voluntad política nacional de lograr acuerdos reales, sobre agendas reales, tiene que ver con la falta de educación política nacional y partidaria, tiene que ver con la ausencia de una verdadera cultura política nacional que no se fomenta institucionalmente ni por parte de los propios partidos políticos.
Si queremos avanzar hacia un régimen más parlamentario, o semiparlamentario fuerte, sí debemos dar los pasos en esta orientación democrática sin temor alguno, sin prejuicios políticos.
En síntesis, que se apruebe la reforma del financiamiento adelantado para la campaña electoral, que se apruebe la reforma de la inversión de las sesiones ordinarias y extraordinarias de las legislaturas parlamentarias, que se apruebe la eliminación de la discriminación del Art. 96 de la Constitución Política y se financie a todos los partidos políticos por igual de conformidad a su tamaño electoral y a su derecho de participación igualitaria como he señalado.
Si los diputados y partidos quieren hacer la primera, tienen la oportunidad de hacerla completa. Háganla negra y trompuda.
No pierdan esta oportunidad histórica para la democracia política y electoral nacional.