Reforma del Estado ¿a la tica?

Leonardo Castellón Rodríguez

Decano, Facultad de Ciencias Económicas

Universidad de Costa Rica

leonardo.castellon@ucr.ac.cr

En el arranque del trabajo de la Asamblea Legislativa 2022-2026, uno de los temas señalados a abordar es la Reforma del Estado, para lo cual se ha indicado como posible estrategia la conformación de una Comisión especial. No es la primera ni será la última vez que la Reforma del Estado es tema de discusión, aspiraciones y proyectos de diferentes fuerzas políticas en Costa Rica. En las últimas tres décadas, hemos visto en nuestro país múltiples acciones en esta línea. Inicia en los 90’s con COREC 1 (Comisión de Reforma del Estado Costarricense 1), luego con diversas Comisiones, Juntas de Notables, tanto desde el Poder Ejecutivo, particularmente en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, como en el Poder Legislativo. Ha corrido mucha agua debajo de ese puente, y es necesario que esta nueva Comisión, valore estos antecedentes, pero que también lo haga desde la experiencia y el contexto de América Latina.

El Dr. Oscar Oszlak, destacado experto en administración pública, en su artículo “Trends of Public Management Reform in Latin America” publicado en enero del 2022 en el prestigioso International Journal of Public Administration, identifica tres periodos que marcan los procesos de reforma que se han dado en la región.

El primer periodo lo llama “Reforma administrativa, la prehistoria de la Reforma del Estado”, ubicado desde los 30’s hasta los 80’s. Las reformas se basaron en los antiguos principios de la administración científica, en el estructuralismo, funcionalismo y la administración del desarrollo, aparejados con un modelo de desarrollo económico basado en la sustitución de importaciones y un papel preponderante del Estado.

El segundo periodo corresponde a “Reformas del Estado de primera generación”, 1990-2005 promovidas por el Banco Mundial, BID y USAID bajo el paradigma de la Nueva Gestión Pública. En este periodo, los cambios se generan con un énfasis en el nivel institucional. Se da un modelo centrado en el mercado, con una visible reducción del Estado, caracterizado por la privatización, desregulación, descentralización, outsourcing, eliminación de monopolios públicos y reducción de la planilla del Estado; y no se logra el equilibrio esperado entre el desarrollo económico, la equidad social y la gobernanza democrática.

El tercer periodo se refiere a las “Reformas del Estado de segunda generación” y abarca las dos últimas décadas, las cuales se centraron en el nivel gerencial de la burocracia, en cuatro áreas específicas: servicio civil, gestión financiera integrada, digitalización y gobierno abierto. Esta época tuvo una vital importancia en la revolución digital, el involucramiento de la ciudadanía en el proceso de formulación de política pública, dándose pasos valiosos hacia una democracia deliberativa.

En este momento, se tiene un “regreso” del Estado con un rol distinto y la esperanza de un modelo centrado en la ciudadanía, y no en el Estado o el mercado, como en los dos periodos anteriores. En esta época, se han iniciado reformas específicas: reestructuración de la administración, desburocratización de normas y procesos administrativos, mejora en los sistemas informáticos, sistemas de servicio civil basados en competencias y méritos, el desarrollo de sistemas de planificación, gestión, monitoreo y evaluación de resultados, mayor transparencia y rendición de cuentas, y un incremento en la participación de la ciudadanía en la gestión pública.

Tomando lo anterior como insumo, la Comisión de Reforma del Estado que se crearía en el Congreso, como primer paso, debería definir para qué queremos la Reforma, qué tipo de Reforma queremos, cómo decidimos la Reforma y cómo construimos la Reforma.

Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, establece, quizá, el más claro e importante para qué: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”. Este mandato señala hacia dónde debe apuntar la arquitectura de nuestro Estado, en cuanto a bienestar y equidad, para lo cual podemos agregar como marco los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro nuestro Estado Social de Derecho.

En cuanto a cómo decidimos y construimos la Reforma, echo mano de nuevo a nuestra Carta Magna, en su artículo 9, donde se establece que el Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable, y lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. La Reforma que se plantee tendrá éxito en el tanto su proceso de diseño e implementación cuente de manera decidida con una intensa y amplia participación ciudadana. Por ello, sin duda, se debería conformar una Comisión Especial Mixta, al tenor del artículo 91 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, con una alta participación ciudadana.

Esto podría representar un espacio de construcción colectiva para generar las bases de una Reforma ¿a la tica? o ¿de tercera generación?, donde se logre repensar nuestro sistema político, colocar realmente a la ciudadanía en el centro de la gestión pública y políticas públicas, respetar los Derechos Humanos, alcanzar una justicia pronta y cumplida, así como lograr el más adecuado reparto de la riqueza; en palabras de Oszlak, “crear las condiciones necesarias de transparencia y participación ciudadana que ayuden a superar los trámites burocráticos, el clientelismo y la corrupción, algunos de los principales obstáculos del proceso de reforma del Estado en América Latina.