Más de ¢2.231 millones en Caja Única del Estado, según la Contraloría

Recursos ociosos se quedan en juntas de educación

Estrategia pretende mejorar la ejecución al capacitar personal

Miles de millones de colones se quedan sin uso a pesar de las necesidades de infraestructura y equipamiento de los centros educativos.

Mientras 300 escuelas y colegios públicos se enfrentan a problemas de infraestructura, las juntas de educación reportan miles de millones ociosos en la Caja Única del Estado.
Se podría tratar de una suma superior a los ¢2.231 millones. No obstante, el Ministerio de Educación Pública no sabe el monto exacto.
Este dinero se giró a las juntas de educación, a pesar de que no existía ningún proyecto asignado por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo.
Además, algunos de los dineros pasan hasta dos años sin tener ningún uso, según la Contraloría General de la República.
Entretanto, otros centros educativos, como la Escuela Líder de Daytonia, en Sixaola, operan en condiciones inhabitables.
En el país hay 4.600 centros educativos que tienen una junta de educación o administrativa. Estas se encargan de administrar dinero de infraestructura, comedores escolares y transportes.
Parte del problema es que el Ministerio no recibe los informes trimestrales sobre la ejecución del gasto de las juntas de educación a nivel central.
“No tenemos el dato porque eso está en papel en las direcciones regionales”, dijo Sonia Calderón, jefa del Departamento de Juntas de Educación y Administrativas.
Sobre las sanciones, se aplican poco cuando no hay indicios de corrupción, debido a que son personas humildes de baja escolaridad las que integran dichos comités.
“El objetivo no es perseguir a nadie, no es atacar personas y una opción es una evaluación formativa para capacitar”, recalcó Orlando de la O, director de Gestión y Desarrollo Regional.

Desde 2012, la Contraloría llamó la atención al Ministerio por las debilidades de control sobre los recursos.
La única diferencia entre ese entonces y ahora es que se está trazando un plan para mejorar el uso de los fondos.
El primer paso es levantar un diagnóstico digital de la ejecución que reporta cada junta a las direcciones regionales.
Otro de los componentes es la capacitación de las personas que trabajan en las juntas para que manejen mejor la Ley de Contratación Administrativa.
Además, se pretende establecer un mecanismo para que procedan las devoluciones de dinero cuando no se utiliza.
“Es una prioridad para nosotros. La meta es tenerlo antes de 2018, pero no le puedo decir una fecha”, indicó Miguel Ángel Gutiérrez, viceministro de Planificación Institucional y Coordinación Regional

María Siu Lanzas
msiu@larepublica.net