Recuperación económica pasa por empoderar mujeres y formalizar migrantes
"Si el país quiere avanzar aún más en la disminución de la pobreza y de la desigualdad, debe desarrollar acciones prioritarias dirigidas hacia estos sectores", dijo Alfredo Hasbum, ministro de Trabajo. Esteban Monge/La República
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Empoderar a las mujeres y brindar mejores oportunidades a los migrantes con empleos de calidad, podrían ser clave para la recuperación económica del país en los próximos años, de acuerdo con la OCDE.

Tradicionalmente estos grupos han sido los más perjudicados con un desempleo alto y labores informales o poco calificadas, por lo que su aporte al crecimiento del país ha sido limitado.



En estos momentos, el desempleo es mayor entre las mujeres y al mismo tiempo hay una brecha salarial en relación con los hombres, a pesar de que en la mayoría de los casos, ellas cumplen con las mismas funciones que sus contrapartes en puestos similares.

Por otra parte, Costa Rica tiene el flujo de migración neta más alto de la región centroamericana, ya que el 9% de la población nacional nació fuera de nuestras fronteras y ahora reside aquí.

En ese sentido, el país se beneficiaría de fortalecer su enfoque en todas las instancias de gobierno, para lograr que el empoderamiento femenino y el fenómeno migratorio, tengan una mayor integración en la economía.

“Si el país quiere avanzar aún más en la disminución de la pobreza y de la desigualdad, debe desarrollar acciones prioritarias dirigidas hacia estos sectores. En el caso de las mujeres, ellas tienen bajos niveles de ocupación y es muy importante que se integren al mercado de trabajo para que aumenten su autonomía económica”, reconoció Alfredo Hasbum, ministro de Trabajo.

Junto a esa necesidad de brindar empleo es necesario evitar la salida anticipada del sistema educativo, invertir en educación técnica pero que esta responda a las necesidades reales de mercado.

También es fundamental invertir en el acceso al cuido porque si no, será muy difícil que esas mujeres puedan trabajar, así como nuevas fuentes de financiamiento para que ese servicio se vaya convirtiendo en una política universal y no solo para quienes se encuentran en pobreza.

Por otra parte, se requiere también una revisión del cálculo salarial mínimo y el establecimiento de una ventanilla única de subsidios, entre otras tareas.

Actualmente, la tasa de desempleo femenino ronda el 12,4%, es decir, por encima del promedio país, el cual se encontraba cercano al 10% en el tercer trimestre del año, según el Instituto de Estadística y Censos (INEC).

El sector productivo hace énfasis en que esta administración dejó cabos sueltos en este tema, pues no ha sido capaz de generar las condiciones necesarias para ver cambios.

“La pobreza, el desempleo y la informalidad son flagelos que golpean en mayor medida a las poblaciones más vulnerables y entre ellas, de manera particular a la mujer y a los migrantes. La sostenibilidad de nuestro Estado social de derecho depende mucho de incorporar a la formalidad a estas poblaciones vulnerables y generar el entorno para que las empresas sean sostenibles para ampliar la base de cotizantes y generar más trabajo decente”, aportó Franco Pacheco, presidente de la Unión de Cámaras del sector privado.

Recientemente, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) aprobó los avances del país en políticas laborales como parte del proceso de adhesión; sin embargo, hizo énfasis en que Costa Rica debe enfocarse en reducir la informalidad y los subempleos.

Cerca de 900 mil costarricenses trabajan en estas condiciones —casi el 45% de la población ocupada—, de esa cantidad, casi 350 mil eran mujeres.

“Costa Rica disfruta de niveles de satisfacción vital relativamente altos, pero debería hacer más para desarrollar una economía más inclusiva y sostenible. Una proporción relativamente alta de empleos en el sector informal y un gran número de trabajadores mal equipados para nuevas oportunidades laborales han obstaculizado la transición a empleos más productivos y mejor remunerados”, aportó Stefano Scarpetta, director de Trabajo y Asuntos Sociales de OCDE.

Esa entidad presentó un reporte denominado “Integración entre Políticas Públicas, Migración y Desarrollo para Costa Rica”, el cual señala que la población no nacida en el país tiene menos cobertura en servicios de salud, educación y acceso a alfabetización financiera y recomienda que el Gobierno intervenga de una manera más eficiente.

Las actividades agrícolas y de construcción son en las que más se emplea a migrantes y representan aproximadamente el 50% de la mano del sector.

El agro ha sido de las industrias que levantaron la voz para que el estatus de los trabajadores se actualice acorde con las necesidades del momento.

“Estos trabajadores pueden ser transfronterizos o temporales que llegan por su propia voluntad a falta de oportunidades en su país. En el caso de los transfronterizos, laboran principalmente en las fincas de la Zona Norte, por periodos que ellos mismos determinan, generalmente cortos, sin que el empleador pueda hacer nada al respecto”, comentó Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara de Agricultura y Agroindustria.

Uno de los retos del país es que las reformas del mercado laboral vayan de la mano con políticas de lucha contra la pobreza mejor diseñadas, así como compensar las crecientes disparidades económicas de los empleos calificados y los que no lo son.

La ruta

La OCDE recomienda cinco aspectos para lograr un mejor desarrollo económico, con mujeres y migrantes como protagonistas:

  • Simplificar el cálculo del salario mínimo
  • Promover el diálogo entre sindicatos y Gobierno
  • Aplicar la ventanilla única para solicitar subsidios como becas
  • Ampliar la base impositiva para distribuir mejor los recursos
  • Instar a que mujeres y migrantes salgan de la informalidad con más incentivos
     

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