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El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya Leandro, está siendo investigado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) por el presunto delito de reconocimiento ilegal de beneficios laborales, de acuerdo a una publicación de El Semanario.
La investigación está relacionada con la aprobación y aplicación del régimen salarial académico.
La causa penal, sitúa a Araya como el único investigado en el proceso. El supuesto delito está contemplado en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley 8422), que sanciona con penas de prisión de tres meses a dos años a los funcionarios que otorguen beneficios patrimoniales contrarios al ordenamiento jurídico vigente.
La denuncia que dio origen a esta causa fue presentada en mayo por el exdirector de la Oficina Jurídica de la UCR, David Fallas, quien acusó al rector y a miembros del Consejo Universitario por posibles delitos como prevaricato y tráfico de influencias.
Fallas sostuvo, además, que la implementación del Reglamento del Régimen Salarial Académico pudo haberse utilizado para favorecer políticamente la candidatura de Araya a la rectoría y beneficiar a otros funcionarios de alto rango. La Fiscalía, sin embargo, no ha confirmado si la investigación actual se basa específicamente en esta denuncia.
Este nuevo expediente se suma a otra causa penal ya abierta contra el rector por presunto incumplimiento de deberes, vinculada con su participación en una votación del Consejo Universitario sobre su inhibición en temas relacionados con proyectos de infraestructura.
Sobre este tema, el rector remitió toda consulta a su asesor legal, a la vez que señaló que se trata de un tema complejo y por ello, hay personas que podrían estar con una interpretación errónea.
“Al tratarse de una investigación en trámite, será en el contexto de ese proceso penal en donde brindaré las respuestas que correspondan para desmentir las temerarias denuncias (…) La normativa universitaria es compleja y requiere revisiones y actualizaciones periódicas para cumplir con el ordenamiento jurídico y constitucional, además de adaptarla a los cambios y transformaciones que exigen la Universidad y la sociedad costarricense. Dicha complejidad se manifiesta en la normativa que ha dado lugar al Reglamento del Régimen Salarial Académico (RSA) de la Universidad de Costa Rica, todo como consecuencia de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y de la Ley de Empleo Público”, dijo el rector.
