Reactivación de la economía

Todo parece indicar que el proyecto de ley 20580, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, quedará aprobado, sancionado por el presidente Alvarado y publicado antes de finalizar el 2019.

La Sala Constitucional dio luz verde al proyecto impulsado para proveer recursos frescos al erario.

Lejos están los días en que se nos dijo que el tema fiscal no era prioridad y se desacreditó a las calificadoras internacionales.

Asumen el costo político la fracción de gobierno, así como la mayoría de las bancadas del PUSC y del PLN, que a ojos de muchos actuaron responsablemente, y para otros dejaron a un lado sus principios.

Podrá esta Administración solicitar nuevos créditos internacionales, que aumentarán la deuda externa, mientras aún carecemos de una eficiente ejecución de estos.  

Voces de varios partidos políticos, incluidos los mencionados, apuntan a que urge reactivar la economía.

En setiembre la coordinadora del equipo económico, Edna Camacho, presentó propuestas que recogen iniciativas que vienen de diferentes sectores, incluyendo el empresarial, académicos, los diputados, entre otros.

No es comprensible que finalizando la segunda década del siglo XXI, para iniciar operaciones, una empresa del sector de servicios demore 406 días, y para las industrias de manufactura el plazo sea de tres a seis meses.

Esto nos dejan fuera para competir con otras naciones, en un mundo donde lo que interesa a los inversionistas, industriales y sector productivo, es que sus trámites sean expeditos.

Tampoco estamos al tenor de los tiempos cuando se tarda aproximadamente 90 días para obtener un Permiso Sanitario de Funcionamiento.

El Estado debe ser un facilitador, no entorpecer las funciones del sector productivo y que genera empleo.

Con los nuevos impuestos, habrá un aumento de la pobreza, y es imperativo que no aumente el desempleo, pues se deteriorarían las condiciones de muchas familias.

Ese reto recae en manos de la Presidencia de la República, y las varias instituciones existentes para ello.

Otro tema que hay pendiente es una reforma a las normas vigentes que rigen el empleo público y la contención del gasto público.

Esto lo hemos planteado en la entrega del 11 de octubre, bajo el título “La curita y el torniquete”, pues no se han atacado a fondo los disparadores del gasto.

Grupos de presión se opondrán a algunas de esas iniciativas, si no a todas, pero no es conveniente como sociedad enfrentarnos en un corto plazo a un nuevo proyecto para incrementar los tributos.

La solución actual es una salida temporal, le echamos agua a un canasto.

Debemos estar vigilantes de que a las acciones propuestas se les den seguimiento, que se cumplan, y nos ayuden a salir del atolladero en el que estamos.

La Costa Rica del Bicentenario debe estar al tenor de los tiempos.