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La elección de nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional se ha convertido en un nuevo frente de batalla entre el gobierno de Laura Fernández y el Poder Judicial, de acuerdo con los diputados de oposición, quienes consideran que, sin querer, la Asamblea Legislativa ha sido arrastrada a ese enfrentamiento.
Lo peor de todo, es que el máximo tribunal ya acumula 123 casos que no se pueden resolver por inhibitorias de los miembros titulares, por lo que, al final de cuentas, los que pagan las consecuencias son los costarricenses.
La preocupación de los legisladores de oposición del PLN, el Frente Amplio, Agenda Ciudadana y el PUSC se debe a que Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, devolvió por segunda ocasión la nómina de 18 aspirantes a la Corte Suprema de Justicia, alegando que no hay voluntad política para hacer los nombramientos con las personas propuestas por el Poder Judicial.
El tema ya lleva más de siete meses en discusión y, después de 11 votaciones en el plenario, no se ha podido destrabar.
Para el PLN, esto es un intento de tratar de capturar políticamente el Poder Judicial.
“Esto que pasó es inaceptable por muchas razones. Una es porque están convirtiendo la Asamblea Legislativa en una extensión de su guerra contra el Poder Judicial y esta guerra contra el Poder Judicial se manifiesta de muchas maneras, dejando de nombrar magistrados, quitándole el presupuesto, cuestionando a figuras como el fiscal que está haciendo una gran labor en su lucha contra el crimen organizado. Además, nos anuncian que quieren que la Fiscalía se nombre aquí para tener control político. Esto es parte de un ejercicio de captura política del Poder Judicial por parte del gobierno, y nosotros no lo vamos a aceptar”, dijo Álvaro Ramírez, jefe del PLN
La Corte Suprema de Justicia cumplió con remitir al Congreso una nómina de candidatos, pero los diputados del anterior Congreso y de la nueva Asamblea Legislativa no han logrado los 38 votos necesarios para concretar los nombramientos.
De hecho, en dos ocasiones, la Corte Suprema de Justicia ha enviado la misma nómina, de la cual se deben elegir al menos nueve magistrados suplentes.
“Una vez más, la presidenta legislativa devolvió a la Corte Suprema de Justicia la nómina de candidaturas para magistrados de la Sala Constitucional. Eso es inaceptable. Ella está convirtiendo su puesto administrativo y de directora del debate legislativo en un verdadero veto político. Eso no lo podemos aceptar, sobre todo porque nunca nos dieron razones aceptables. Dijeron que no los conocían, pero sí nombraron a uno de esos candidatos en la Junta Directiva del Banco de Costa Rica”, explicó Abril Gordienko, del PUSC.
Por su parte, Nogui Acosta, jefe de fracción de Pueblo Soberano, defendió la posición del oficialismo y aseguró que la Sala Constitucional continuará funcionando con normalidad, a la vez que calificó las advertencias de la oposición como “populismo”.
Asimismo, destacó que el país debe garantizar que las personas más preparadas y libres de pensamiento lleguen al máximo tribunal.
“La elección de magistrados y magistrados suplentes es de las más importantes que tiene la Asamblea Legislativa, y por eso tenemos que hacerlo con responsabilidad. Necesitamos analizar la idoneidad, la trayectoria, el perfil de las personas, pero, particularmente, ¿cuál es su vocación? Por eso la acusación de la oposición de que nosotros estamos perjudicando a los costarricenses es puro populismo”, afirmó Acosta anteriormente.
El diputado sostuvo, además, que la Sala Constitucional mantiene su capacidad operativa para atender recursos de amparo y otros procesos.
“No es cierto que con esta decisión no van a tener alguna posibilidad de resolver sus problemas sobre medicamentos, sobre amparos o sobre las diferentes opciones que tienen al asistir a la Sala Constitucional, que sigue estando conformada. Lo que hemos hecho hoy es decirle que las personas que estaban en esa nómina tienen que ser cambiadas. Por eso la devolvimos y por eso estamos actuando de manera responsable para que podamos nombrar magistrados por los próximos cuatro años, no es por una ocasión, son cuatro años”, agregó.
Para mediados de julio, al menos 123 costarricenses esperaban una resolución judicial sobre diversos temas en la Sala IV, pero no han obtenido una respuesta por una lucha de poderes entre los partidos políticos para nombrar a los magistrados suplentes de la Sala IV.
| Tipo de asunto | Cantidad de expedientes | Porcentaje |
|---|---|---|
| Recurso de amparo | 97 | 78,9 |
| Acción de inconstitucionalidad | 22 | 17,9 |
| Consulta judicial | 2 | 1,6 |
| Consulta legislativa | 1 | 0,8 |
| Habeas corpus | 1 | 0,8 |
| Total | 123 | 100 |
Los temas
| Tema principal | Cantidad de casos |
|---|---|
| Régimen Obligatorio de Pensiones | 18 |
| Empleo públicos y reformas fiscales | 16 |
| Mora Judicial y retardo de la justicia | 15 |
| Asuntos municipales | 11 |
| Poblaciones vulnerables y derechos sociales | 9 |
| Casos sobre el expresidente Chaves | 9 |
| Asuntos legislativos y constitucionales | 8 |
| Derecho a la salud | 6 |
| Contraloría General | 5 |
| Plataformas de trabajo | 3 |
| Acceso a la información | 2 |
| Temas varios | 21 |
| Total | 123 |
