Lavan ropa para los vecinos, cuidan carros, venden cigarrillos contrabandeados, trabajan como peones en construcciones pequeñas, venden jocotes en las “ferias”, laboran como domésticas por horas en casas, descargan camiones, manejan taxi pirata; la lista de ocupaciones de los que no están asegurados por la Caja es grande. Ninguna institución oficial conoce la cifra exacta pero un buen estimado es que hay 700 mil trabajadores que no tienen cobertura; sus dependientes tampoco.

¿Por qué hay tantos y cuál es la razón principal de no estar inscritos en el sistema que supuestamente cubre a todo el mundo? Para alguien que gana ¢250 mil al mes pagar casi el 10% a la Caja es un gran sacrificio. La canasta básica alimentaria cuesta más o menos ¢50 mil por persona y para una familia de tres o cuatro esos ¢25 mil pueden significar tener un pedacito de pollo u otra proteína en la dieta de vez en cuando. Para el dueño de una microempresa asegurar un trabajador cuesta un 25% de su salario y en muchos casos deja de ser rentable la empresa si es obligada a asumir estos cargos.

¿Qué hacen estos no asegurados si se enferman? Si es serio el problema la Caja está obligada a atender al que llega a las salas de emergencia, pero un dolor de estómago o de oído de un chiquito, un resfrío, una muela que molesta o cualquier otra situación de menor cuantía sencillamente se aguanta; en la mayoría de los casos desaparece con el tiempo.

Es cierto que este 20% o más de la población que vive en pobreza incluye números importantes de extranjeros que han llegado al país ilegalmente, pero la mayoría son costarricenses.

No obstante la gran cantidad de personas que viven en “la informalidad” la Caja debería poder darles todos los servicios que requieren con las cuotas que cobra a los demás. El problema es que por décadas el gobierno como patrono no ha pagado la proporción que le toca por sus 180 mil trabajadores. Los empleados públicos, con sus salarios y sus pluses, tienen acceso ilimitado a los servicios de la benemérita institución, aunque su “patrono esté moroso.” Ocasionalmente hay una negociación entre la Caja y el Ministerio de Hacienda y este último ofrece bonos de largo plazo y con intereses bajos para “cubrir” su deuda; el Seguro Social lo acepta.

Al ver los datos de la cantidad de personas que tienen acceso a la Caja solo en emergencias, está claro que el problema de Costa Rica no es que hay demasiados ricos —hay demasiados pobres y en parte es el mismo gobierno el que está creando esta situación con sus déficits grandes y su indisposición, por lo menos en el pasado, de arreglar sus finanzas. Ahora con “la ley de empleo público” se podrán remediar algunos de estos temas.

Muchos de estos 700 mil no asegurados y sus dependientes no tendrán con qué celebrar la Navidad. ¿Cómo es posible? 

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