Quién debe pagar por la infraestructura

Quién debe pagar por la infraestructura

Conversamos en Gente Gerente (miércoles 9 a.m. 98.7 FM Radio Columbia) sobre si deben ser el Estado y los contribuyentes quienes inviertan en infraestructura o si deben ser el sector privado y los usuarios finales. Este es un tema que no dejará nunca de ser polémico, muy especialmente cuando las experiencias recientes (Caldera) no son del todo positivas.
Sin embargo, y siempre en el marco de las reflexiones sobre el financiamiento de los gastos e inversión del Estado, uno se pregunta si es sabio que todo se cargue al presupuesto nacional y que la gente de San Isidro de El General termine pagando por una carretera a Caldera que utilizará solo cuando va de paseo a conocerla. Cuando hablamos de impuestos, cargas públicas y su distribución, es prudente ubicarse desde dos principios: el principio de capacidad económica, en virtud del cual cada quien contribuirá con su capacidad de pago, y el principio de beneficio, que determina que aquellos que se benefician menos con los bienes dominicales, deberían igualmente pagar menos por ellos. Por eso, resulta sugerente y esperanzador que cada vez más tareas del Estado central se pasen a los gobiernos locales y que estos promuevan maneras de afectar capacidad económica y hacer recaer en quienes mayormente se benefician con obras públicas, su costo. Tres institutos entonces saltan a la vista de inmediato: la contribución especial, las tasas y los precios públicos. Dejamos los impuestos para el financiamiento de temas como la administración de justicia, la protección del ambiente, la protección de la niñez, la educación. O sea, los impuestos, como el de renta, su producto, debe ser utilizado para, de la manera más eficiente generar condiciones de igualdad de oportunidades para los habitantes. Y no para construir aeropuertos, ni vías, ni subestaciones eléctricas ni monumentos públicos. Conversando el miércoles pasado en Gente Gerente sobre estos temas con Carlos Plass, director ejecutivo de Aeris, coincidimos en que el dinero de los contribuyentes bien puede usarse para cuestiones como las apuntadas arriba y que el financiamiento de ciertas obras de infraestructura importantes, debería recaer mayormente en los usuarios de ciertos bienes y servicios, aplicación prístina del principio de beneficio (Neumark). Plass, vigoroso y afable gerente con una visión clara sobre la importancia de los resultados, resume con acento chileno, el reto: “finalmente y a través del uso eficiente de estas herramientas (concesión de obra pública – gestión interesada – reconocimiento de inversión privada) podemos brindarles a las familias y a cada individuo al final del día una mejor calidad de vida. Si esto lo logramos nosotros en el ámbito aeroportuario, pero en otros en ámbitos como en autopistas, concesión de puertos, etc. Vamos a ir sumando a una calidad de vida mejor, a un país más competitivo, un país que se va a defender mejor en las ligas internacionales, un país que va a estar más conectado con el mundo. En ese sentido, con toda humildad hago una invitación a todas las autoridades que estén relacionadas con esto, a mirar lo que se está haciendo en el mundo, obviamente a no cometer los errores que se cometieron en el pasado o en otras partes del mundo y simplemente adaptar las buenas experiencias que tenemos de otras partes. Como herramienta de política pública, la figura de la concesión le ha funcionado muy bien al mundo moderno como mecanismo para acabar con los endémicos déficit de infraestructura que
nuestros países han acarreado por tantas décadas, ofreciendo por primera vez oportunidades iguales y reales a un emergente y
creciente grupo de la población.”