¿Quién llegó tarde a los descalabros financieros?

El mercado financiero costarricense se ha enfrentado a una experiencia traumática y desagradable en los últimos meses. Una institución financiera fue declarada inviable de un plumazo y a otra, recién le extienden el plazo de intervención para definir su futuro incierto.

Los sujetos primarios de sendos casos son las instituciones: la hoy inviable Coopeservidores y la Financiera Desyfin. Esta última está en capilla ardiente, lo que mantiene inquieta a toda la comunidad financiera nacional, debido al tamaño de nuestro mercado financiero y a los denominadores comunes que, en principio, tienen ambos casos.

Sin ser exhaustivos enumeraremos los denominadores comunes más relevantes: Los inversionistas individuales, los inversionistas institucionales, los administradores de las entidades, sus controles internos y de gobernanza corporativa. Los auditores internos y, por supuesto, los auditores externos.

Ante este nivel de infortunio y cuando las consecuencias de las acciones y omisiones de unos y otros es común que cada uno señale con el dedo índice hacia los demás, sin considerar que, al señalar, hay cuatro dedos que apuntan a cada quién. Si sumamos la inoportunidad de los entes supervisores, es indudable que todos los elementos involucrados se topan con un ventilador que hace una operación embarre en la que ningún actor desea asumir su parte en la construcción del desastre.

Repasemos cada uno de los actores de esta triste parodia.

Empecemos por el hilo más débil: El inversionista individual. En su mayoría son personas que han puesto su confianza en el sistema financiero en una institución cooperativa de grandes dimensiones. La institución daba la confianza para invertir, en muchos casos, los ahorros de toda una vida; como dan cuenta los diversos medios de comunicación.

Para quienes tenemos algún conocimiento sobre la gestión de riesgo de inversión nos parece mentira que alguien concentre sus inversiones en una sola institución, pero lo cierto es que son múltiples los casos de personas con sus ahorros concentrados en la Cooperativa. La mayoría de estos ahorrantes son personas poco versadas en el conocimiento de riesgo de concentración de inversiones. Ahora deben apechugar con su pérdida. Recibirán apenas seis millones de colones por sus cuentas de ahorro y tendrán muy pocas posibilidades de recuperar sus inversiones y participaciones patrimoniales.

Respecto a los inversionistas institucionales, la preocupación es que ellos no son más que agregadores de ahorro de otros individuos o empresas. Ese es el caso de las asociaciones solidaristas, que invierten los fondos de cesantía de los trabajadores de sus respectivas empresas, ya sea los fondos de ahorro de los trabajadores como inclusive, los aportes patronales.

La “cascada” que generan estos inversionistas institucionales, junto con la inviabilidad de Coopeservidores y las inminentes consecuencias del caso de Financiera Desyfin son, indudablemente, disparadores de un riesgo sistémico. Ante la situación, los acumuladores de ahorros ajenos tampoco podrán honrar sus compromisos con sus asociados.

Dependiendo de las cuantías, el impacto de la cooperativa y la financiera afecta incluso a algunos otros actores del mismo sector financiero, según el valor de sus activos en las entidades en entredicho. Situación que pone de manifiesto cómo en nuestro sistema financiero tan pequeño y poco profundo una situación de inestabilidad repercute al menos en los rendimientos de los ahorrantes, como es el caso de las operadoras de pensiones que tenían en sus portafolios de inversión, fondos en ambas instituciones.

Un actor fundamental en ambos casos son los concejos de administración. Respecto a Desyfin está por verse, pero en el caso de Coopeservidores es evidente que la administración entró en frontales conflictos de interés que conllevaron prácticas de gestión insanas y abusivas durante años, en las que se puede evidenciar dolo, culpa, negligencia y mala fe. Una tolerancia por lo intolerable, para enunciar tan solo algunos de los aspectos que conocemos a través de la cobertura noticiosa.

Los controles internos, como se hace evidente, eran vulnerables y fueron vulnerados. Una complicidad activa y pasiva a la que haremos mención más adelante.

El control interno es el conjunto de acciones coherentes que la administración de cualquier empresa toma para asegurarse de la adecuada separación funcional, el mejor manejo del riesgo y la custodia y preservación de los bienes tangibles o intangibles a su cargo.

La auditoría interna es un cuerpo autónomo a la administración, con la responsabilidad de vigilar el debido cumplimiento de los diferentes aspectos de gestión de la entidad financiera. Parte del aseguramiento de que se cumplan los controles internos en la operación y sobre todo, que sean los más apropiados para el cumplimiento de los objetivos de protección de los intereses corporativos y del marco legal regulatorio según sus actividades económicas.

En este caso los auditores internos deben asegurar la vigilancia de todo el marco regulatorio del sector financiero y tener la independencia suficiente para procurar, incluso, una línea de comunicación obligada con los reguladores del sector.

Por su parte los auditores externos emiten una opinión respecto a la información financiera de la entidad y su debido cumplimiento con las normas internacionales de información financiera. Verifican la razonabilidad de los controles internos en operación como aspecto fundamental para determinar que son lo suficientemente confiables para que el auditor pueda emitir su opinión y para asegurarse de que la información presentada ante reguladores ha sido transparente, razonable y conforme a la normativa.

Estos casos nos demuestran que es necesario reforzar en las auditorías externas la opinión independiente y pública sobre temas críticos como la gobernanza corporativa o las observaciones sobre la eficacia de los comités de auditoría que son una obligación dentro del andamiaje que estas entidades supervisadas y reguladas.

Es muy común - aunque impropio - preguntarse dónde estaban los auditores externos cuando ocurrieron estos desastres financieros.

Lo propio es preguntar más bien dónde estaba la administración profesional que, mediante la aplicación de los controles respectivos y un balance de pesos y contrapesos diera cuenta oportuna de cualquier desequilibrio. En particular cuando se trata de situaciones sistémicas crecientes, como dan cuenta las primeras investigaciones del caso de Coopeservidores.

Corresponderá al Ministerio Público sentar responsabilidades. El propósito de este artículo es enunciar para el mejor entendimiento del público, la diversidad de interacciones que hay en el sistema financiero, la diversidad de los cuerpos e instancias que existen en las instituciones reguladas.

Debemos atribuir también la correspondiente responsabilidad a los cuerpos de la Superintendencia. A pesar de que las prácticas denunciadas han sido recurrentes por años, lo han sido a vista y paciencia de los reguladores.

El denominador común de la Superintendencia es su cabeza. Ha estado de uno y otro lado de los escándalos. Recordemos el caso de impunidad de Aldesa y ahora, desde el lugar de la negligencia que llega de manera forense al caso de Coopeserivdores.

Un mal sistémico de una inoportuna gestión de la Superintendencia que permite que orgías financieras como las dos mencionadas ocurran. Nuestras entidades supervisoras tan solo se conforman con la declaratoria de inviabilidad.

Lo triste de estos casos es que detrás de una inviabilidad operativa de las instituciones financieras hay un rostro humano. Aquellos que depositan confianza primero y dinero después y que hoy se ven traicionados por la llegada tardía de los entes de supervisión.

La Superintendencia llegó tardísimo a su cita con el deber patrio. El generar condiciones que le permita a los ahorrantes salvaguardar sus patrimonios y continuar confiando en el sistema.

La pérdida individual la apechugan los ahorrantes. Pero con casos como estos perdemos todos. Pierde el país en el que, unos pocos beneficiados de la inacción de los supervisores ven frías cifras, sin considerar las historias de rostro humano que acompañan el esfuerzo de cada individuo que decidió invertir sus honrados ahorros y que ahora se ven perdedores en medio de este descalabro financiero.

Lo honesto por hacer por parte de los funcionarios públicos responsables de las omisiones es renunciar, si es que les queda una pizca de vergüenza y pudor.