Claudio Alpízar

Claudio Alpízar

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Jueves 4 Febrero, 2016

 Lo que requerimos urgentemente es más justicia, lo cual se puede asegurar con una mejor selección de magistrados

¿Qué esperamos de un magistrado del Poder Judicial?

Pregunta apropiada en el momento en que la Asamblea Legislativa debe seleccionar varias personas para ocupar cargos en la magistratura de las diferentes Salas de la Corte Suprema de Justicia. La interrogante nos lleva a otra pregunta de no menor importancia: ¿Qué criterio utilizan los diputados para tal elección?
Las elevadas expectativas que todos dirigimos hacia la función pública y aún más al ejercicio del poder jurisdiccional, exige que el estándar de calidad se defina a partir de las competencias profesionales y personales requeridas para tales cargos. Misión que obliga no solo a habilidades jurisdiccionales sino también de autoridad y gerenciales. Exigimos una excelente administración de justicia, de personas con demostrados conocimientos, destrezas y excelente preparación académica sobre la materia que deben atender, además de suficiente experiencia.
También es necesaria una evidenciada actitud de emprendedurismo, de cambio hacia la mejora continua, de trabajo dirigido a la obtención de mejores resultados en los servicios. Jueces que tengan la habilidad necesaria —tanto en lo jurisdiccional como en lo administrativo— para comprender, tomar decisiones serias, ejecutar acciones y evaluar resultados.
Y no menos esperamos que posean la receptibilidad suficiente para atender contextos sensibles en el marco de los derechos humanos, así como una clara visión de todas las perspectivas y necesidades involucradas en los procesos: de las partes y abogados litigantes, de los usuarios del servicio, del personal administrativo de los despachos, y de los mismos jueces. Amén de una intachable honorabilidad.
¿Y todo ello para qué? Para asegurarnos que esas personas resolverán nuestros conflictos de manera imparcial, con una aplicación e interpretación rigurosa y adecuada de la ley; que no será la ficha de un oscuro juego de ajedrez, sino un instrumento para la justicia de calidad.
Para los ciudadanos no vale que un candidato afirme un “lo tengo” sin demostrarlo. Ni vale que un diputado exclame un “le creo” sin atestados que documenten las competencias profesionales y personales. El Primer Informe sobre el Estado de la Justicia de Costa Rica (2015) plantea una urgente exigencia a los diputados: que no politiqueen los nombramientos, además de la necesidad de apropiados criterios de selección para los más altos cargos del Poder Judicial.
Pareciera que los diputados se afanan por una mayor transparencia en la determinación de los criterios de elección de magistrados; sin embargo, lo que en general los ciudadanos apreciaríamos parece ser algo mayor. Las comisiones de nombramiento señalan ternas donde se evidencia que el interés partidista prima sobre la adecuación de los candidatos a magistrado.
Así se ralentizan los procesos de selección de forma interminable poniendo en grave peligro la propia Administración de Justicia, dejando las decisiones importantes en manos de suplentes que por la evanescencia de su nombramiento, podrían no sostener su criterio propio. Es urgente que los diputados antepongan en estos nombramientos el interés de la Nación antes que los partidarios.
En definitiva, leyes hay suficientes, lo que requerimos urgentemente es más justicia, lo cual se puede asegurar con una mejor selección de magistrados.

Claudio Alpízar Otoya
Politólogo