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Pugna entre Evo y Corte Electoral complica referendo

Consulta para decidir si se revoca el mandato del presidente boliviano está programada para el 10 de agosto

La Paz
EFE

La pugna entre el Gobierno de Evo Morales y las cortes electorales sobre los porcentajes para que el mandato de una autoridad sea revocado en el referendo del 10 de agosto en Bolivia provocó el viernes un mayor enredo sobre la consulta y sobre cómo se interpretarán sus resultados.
Estas divergencias complican el ya confuso clima político y jurídico previo a esta consulta que determinará la continuidad o revocación de los mandatos de Morales, su vicepresidente, Álvaro García Linera, y ocho de los nueve prefectos (gobernadores) del país, la mayoría opositores.
Además, protestas sociales han añadido más tensión a la crítica situación del país.
El vicepresidente prácticamente desechó el viernes la última resolución de la Corte Nacional Electoral (CNE) y siete cortes regionales que modifica el porcentaje de votos necesario para revocar el mandato de un prefecto.
La decisión establece que el mandato de un gobernador será revocado si los votos contra su gestión (el “no”) superan el 50%, lo que unifica el criterio para todos los prefectos y modifica los porcentajes diferenciados que fija la ley del referendo.
La ley, aprobada por unanimidad en el Senado el pasado mayo, establece que los mandatos que se someten a consulta se revocarán si el “no” supera el respaldo electoral de los comicios de 2005, que en el caso de los gobernadores se sitúa entre el 38 y el 48%.
Sin embargo, la CNE defendió un nuevo “criterio técnico de aplicación” como una solución “justa”, “igualitaria” y “universal” ante la polémica sobre si la fórmula del referendo era favorable a Morales y perjudicial para los prefectos opositores.
Para el caso de Morales y su vicepresidente, el porcentaje previsto, tanto en la ley vigente como en la propuesta de la CNE, se sitúa en el 53,7%.
El presidente de la Corte Nacional Electoral, José Luis Exeni, ratificó el viernes que las cortes aplicarán la nueva regla para “garantizar el derecho ciudadano al voto y dar certidumbre respecto a los resultados de la votación”, pero García Linera insistió en que solo es “una sugerencia” que no puede estar por encima de la ley.
Exeni también defendió sus facultades constitucionales para fijar ese “criterio técnico electoral de aplicación” y el viernes se reunió con embajadores de países que enviarán observadores a la consulta para explicarles el acuerdo con las cortes regionales.
En los hechos, la decisión de la CNE y sus filiales regionales -asumida con las disidencias de Santa Cruz y Oruro por diversas razones- amplía las posibilidades de los prefectos de continuar en sus cargos.
Según la ley del revocatorio, el prefecto opositor de La Paz, por ejemplo, podría perder el cargo si los votos en su contra superan el 37,9% y los oficialistas de Potosí y Oruro también si el “no” a su gestión suma más del 40%.
Morales defiende la norma tal como está porque, a su juicio, permitirá tener un nuevo escenario político en el país ante la posibilidad de que varios prefectos opositores salgan revocados.
García Linera subrayó que sólo el Congreso puede modificar la interpretación de la norma sobre los porcentajes y recordó que mientras esto no ocurra “se acata la ley tal como está”.
“Hay una ley, hay que cumplir la ley y el resto son sugerencias”, reiteró y agregó que “es muy difícil que el Congreso vuelva a sesionar para tratar esos temas” porque considera que su decisión “es definitiva”.
Además del Gobierno, el opositor Poder Democrático y Social (Podemos), que controla el Senado, calificó el viernes de “ilegal” la decisión de la CNE de interpretar los porcentajes de la consulta y ratificó que sólo el Congreso puede hacerlo.
No obstante, Podemos, que respaldó la norma en el Senado, ha pedido varias veces modificar los porcentajes para que los prefectos y Morales tengan un trato igualitario.
Además de las divergencias legales y políticas, diversas protestas sociales y fallos jurídicos contrarios a la consulta han sembrado la incertidumbre en el país en los días previos a la votación.
El Tribunal Constitucional ha ordenado dos veces parar la consulta y las cortes de Santa Cruz y Oruro aún no avalan la última decisión de la CNE.
Además, discapacitados ocupan oficinas de las cortes electorales en Sucre, Beni y Oruro para reclamar un bono al Gobierno, hay bloqueos de rutas para exigir a Morales una reforma de pensiones, y el próximo domingo los dirigentes cívicos opositores de Santa Cruz iniciarán una huelga de hambre por reclamos regionales.
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