Proyectos viales paralizados cuestan $15 millones

Los costarricenses ya han pagado unos $15 millones por los costos financieros para los proyectos viales aprobados pero no ejecutados, de acuerdo con la Controlaría General de la República.

Se trata de los montos que el Estado en los últimos diez años ha tenido que pagar a varias instituciones, que mantienen reservados los préstamos potenciales, hasta que el país pida la entrega del dinero para financiar la construcción.

Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene abierta una línea de crédito por $450 millones para varios proyectos, que todavía no se han iniciado, incluidos Barranca-Limonal, y Palmar Norte-Paso Canoas.

Por su parte, el Banco Centroamericano de Integración Económica prestaría otros $340 millones, para Circunvalación Norte, puente de la platina, los pasos elevados de Garantías Sociales, Bandera y Guadalupe, y los puentes sobre rutas 32 y 147.

Aparte del costo financiero, está la pérdida del tiempo del público, ya que la infraestructura vial está a menudo colapsada, ante la demanda de la flota de carros de unos 550 mil a 950 mil, sin contar el crecimiento en la cantidad de buses o camiones, mientras casi no hubo construcción de nuevas carreteras.

Gran parte del problema del parálisis tiene que ver con las expropiaciones, que en muchos casos siguen tomando varios años, pese a que un cambio legal de febrero de este año iba a acelerar el procedimiento.

Solo hay cinco jueces para resolver alrededor de 200 casos anuales de expropiaciones en litigio, que presentan diferentes entidades del Estado, sin tomar en cuenta las solicitudes de años anteriores.

Solo en lo que a Circunvalación Norte se refiere, faltan 60 expropiaciones de un total de 73, pese a que la construcción el año pasado fue licitada a un consorcio de H. Solís – La Estrella, así como el hecho de que la zona de la Uruca se congestiona todos los días por la ausencia de una vía ágil.

El atraso en una sola expropiación además afecta el proyecto total, ya que ninguno puede proceder, hasta que no se resuelvan todos las casos.

Una nueva ley debería agilizar los procedimientos, al limitar las opciones judiciales a una sola apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo para una persona que rechaza el monto de la expropiación.

En comparación, la persona bajo el régimen anterior tenía el derecho de hacer varias apelaciones.

Sin embargo, no sería posible acelerar este proceso, así como satisfacer otros requisitos administrativos, sin resolver el problema de la combinación de insuficiencia de funcionarios en algunas áreas, y en otras la ineficiencia, tampoco hay sanciones para los que no lleven el proceso debidamente.

Otros factores incluyen la falta de estudios o diseños, así como los atrasos en la solicitud de permisos ambientales o municipales.

Algunos proyectos se han venido ejecutando en los últimos años, aprovechando los préstamos internacionales, como los de Liberia-Cañas, el paso elevado Paso Ancho, y la sección Pozuelo-Jardines del Recuerdo, así como la carretera Bajos de Chilamate-Vuelta de Kopper.