Proyecto de ley permitiría al Registro Público cancelar anotaciones e inscripciones
“Esta propuesta pretende ser respuesta a una situación de insuficiencia del sistema actual, porque aunque el Registro detecte casos de fraude evidente, no está autorizado para cancelar anotaciones", explicó Rafael Ortiz, diputado del Partido Unidad Social Cristiana. Archivo/La República
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La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dictaminó hoy positivamente la Ley Para La Protección del Registro Inmobiliario, impulsada por el legislador Rafael Ortiz, del Partido Unidad Social Cristiana.

El proyecto pretende dar facultades al Registro Público para cancelar de oficio en sede administrativa o registral ciertos tipos de anotaciones provisionales o inscripciones definitivas derivadas de fraudes inobjetables.

Una anotación provisional es un asiento con efecto transitorio que asegura el resultado de un litigio, o bien conserva, más allá de su vigencia, la prioridad registral de un título defectuoso mientras se subsanan las faltas que adolece.

En tanto, una inscripción es un medio de conceder una protección jurídica específica al titular inscrito, mediante la publicidad registral, esto es, la publicidad que ofrece el Registro.

Actualmente solo una autoridad judicial está autorizada para cancelar anotaciones o inscripciones.

“Esta propuesta pretende ser respuesta a una situación de insuficiencia del sistema actual, porque aunque el Registro detecte casos de fraude evidente, no está autorizado para cancelar anotaciones, ya que esto es solo una competencia de la autoridad judicial”, explicó Ortiz.

El legislador añadió que la actuación de los órganos judiciales es lenta y en muchos casos resulta que aunque el Registro o el afectado haya detectado por los medios que sea la existencia de un fraude evidente, la anotación producto de ese acto se mantiene.

Los fraudes registrales son conductas criminales que alteran o falsifican documentos que gozan de fe pública, cometiéndose delitos que atentan contra la propiedad y la seguridad pública registral.


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