Carlos Camacho Córdoba

Carlos Camacho Córdoba

Enviar
Martes 12 Diciembre, 2017

Proyecto de fortalecimiento de finanzas públicas

Como ha sido anunciado por el Gobierno de la República, en las sesiones extraordinarias se conocerá el último intento de la Administración Solís Rivera por dotar de una reforma que, aunque parcialmente, resuelva la crítica condición de las finanzas públicas de Costa Rica.

El proyecto consiste de tres partes: La creación de un impuesto de valor agregado que sustituya al obsoleto y actual impuesto de ventas, la creación de un impuesto a las ganancias de capital, así como una serie de medidas que conllevan un tímido intento de poner algunos límites a los disparadores del gasto público, en concreto el tema del salario y los agregados que de estos se derivan.



En relación con el IVA, consideramos que se logran avances importantes en el acercamiento de fuerzas, siendo la más destacada la de mantener una tarifa general del 13% en sentido contrario a las primeras propuestas del Gobierno, asimismo, se logra una tarifa reducida con algunos elementos innovadores como la devolución —a los usuarios— de lo pagado por los servicios médicos privados, a cambio que el pago de dichos servicios sea por medios constatables de orden electrónico, evitando una de las bolsas de fraude fiscal más conocidas e impunes del país. La tarifa reducida propuesta parece razonable a niveles del 4%, esto motiva el control fiscal de diversas actividades, donde quizá el caballo de batalla de los detractores del proyecto es insistir en el tema de los libros en cualquier formato a esta tarifa, aspecto que puede ser negociado y finalmente no es en las cobijas donde se alberga el frío. Por otra parte, se mantienen unos plazos de entrada en vigor razonable en relación con la puesta en marcha después de la aprobación, quita esto el carácter de ciclo electoral al proyecto visto que es claro que aun en el mejor de los escenarios de aprobación en vía rápida en estas sesiones extraordinarias, a la actual Administración no le tocará ver nacer el primer céntimo de la recaudación, lo que parece al menos razonable desde la óptica de los intereses electorales del corto plazo, a pesar del detrimento trepidante que cada minuto tiene en las finanzas públicas. La inclusión universal de los servicios y del concepto de bienes por encima del de mercancías, es constante en este y todos los demás proyectos, lo que sigue las tendencias de un IVA más moderno. La tentación sigue en la canasta de las exenciones, sin tener en cuenta que el exento, nos es más que alguien que en la cadena del IVA queda en la trampa del costo incremental, con o sin capacidad de poder trasladar económicamente dicho efecto.

Se pasa del intento de una reforma integral a la ley de impuesto sobre la renta, que es indispensable llevar a cabo para introducir la progresividad necesaria en el sistema; a una mera sujeción de las ganancias de capital, mediante la creación de otra cédula del impuesto sobre la renta a una tarifa del 15%, esto parece al menos resolver la creciente discusión del tratamiento de las ganancias de capital, pretendiendo caracterizar como tales también las diferencias de cambio, aspecto de reciente controversia entre los criterios de expertos y la norma, tanto como de las resoluciones contradictorias emitidas por la Sala de lo Contencioso Administrativo. Acompaña a esta peregrina reforma en renta una norma de ajustes en relación con pagos efectuados a paraísos fiscales, norma destiempada y construida con un modelo quizá más obsoleto que se construye a partir de la comparación de las tarifas de las jurisdicciones en nominal, sin considerar las recomendaciones hechas por la OCDE en relación con las efectivas característica de un régimen fiscal pernicioso, recogido en las acciones BEPS y en el reciente documento emitido por ese organismo en relación con el tema de regímenes fiscales agresivos.

En relación con el gasto público y el régimen de privilegios, la verdad sea dicha muy tímida, se logra un avance apenas digno de mencionar, con poca dirección a la parte cordal del problema, abordándolo con un enfoque de hacer poco pues la Administración está de salida, aspecto que se denota más aun cuando se ve la vigencia de los posibles cambios, entra a regir, a partir del próximo 8 de mayo de 2018, nada más obvio, que esta bronca se le quedó como papa caliente en las manos de la nueva Administración.

De cara al ambiente de estas sesiones extraordinarias, que van del pasado 1 de diciembre al próximo 30 de abril, es claro que ya el mes de diciembre ni se discutirá la vía rápida para el proyecto, lo que dada la cercanía de las elecciones y la distracción que estas provocan en enero a los miembros de la Asamblea Legislativa, no será sino hasta la elección de febrero, esperando que la misma sea definitiva y no lleve a una incierta condición de segunda ronda, aspecto que les dejaría muy poco o nada a los diputados en la presente legislatura. A favor del proyecto debemos abonar que el entrarle a una de las máquinas de recaudación cualquier posible partido con aspiraciones razonables de llegar al poder estaría de acuerdo, repito, después de las elecciones de dar su apoyo a la iniciativa a fin de que el agua fresca sea la compañera de la próxima administración. Habrá que prestar atención, en especial los cientos de miles de nuevos contribuyentes del sector servicios que tendremos el reto de implementación tarde o temprano.