Nuria Marín

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Lunes 13 Febrero, 2012


Creciendo [email protected]
Problema estructural

Se han hecho públicas una serie de datos que desnudan un enmarañado y complejo sistema de empleo público que no solo no nos garantiza servicios de calidad, sino que propicia absurdos, desangra las finanzas públicas y hasta facilita la corrupción.
Se recurre a la seguridad privada para resguardar armas del Estado (Dirección de Tránsito) porque es más fácil y posible una contratación de este tipo que la autorización de una plaza, sin poder plantearse la conveniencia por razones de seguridad.
El sistema ha propiciado que las negociaciones sean realizadas con visión cortoplacista o se negocie con ánimo político, lo que ha derivado en concesiones desproporcionadas que para el sector privado serían impensables por insostenibles.
En los últimos meses se ha dado a conocer que en la Caja Costarricense de Seguro Social, en estos momentos en cuidados intensivos, y en el Poder Judicial, se ha negociado romper el tope de cesantía de ocho años a 12 y más años. Estas que parecieran negociaciones excesivas se quedan cortas con otras instituciones en las que el tope puede ascender a 20 y hasta 24 años.
Las crisis son oportunidades y las instituciones han tenido la refrescante sensatez de eliminar el pago del 40% para completar el 100% en caso de incapacidad por enfermedad. El sistema era tan absurdo que un trabajador ganaba más incapacitado que trabajando, por la no reducción de los rebajos correspondientes. Y algunos se sorprenden que hayan bajado las enfermedades, perdón las incapacidades.
La dificultad de nuevas contrataciones ha llevado en instituciones vitales como la Caja a un sistema que afecta la salud del personal por demandantes jornadas y cargas de trabajo muy por encima de las ocho horas, lo que puede también poner en riesgo la seguridad de los pacientes y absurdamente deviene en un servicio más caro por el pago de horas extras, onerosas disponibilidades y vacaciones terapéuticas.
El sistema de negociación pública ha sido tan complaciente y permisivo, que por años los funcionarios de la Asamblea Legislativa recibieron premios por cumplir con la mínima obligación de llegar a tiempo al trabajo, por no ausentarse por razones injustificadas y en algunos casos el salario se pagaba por adelantado. Esto dichosamente fue eliminado.
Otro absurdo es la fijación de salarios, como bien lo reveló la Contraloría General de la República (2009), pues las disparidades salariales entre puestos con iguales requisitos y funciones pueden oscilar entre un 225% y un 614%, insisto, entre instituciones del Estado.
Necesitamos una reforma integral al empleo público que propicie la planificación estratégica de los recursos humanos, la toma de decisiones con visión de largo plazo, el privilegiar la eficiencia y establecer mecanismos de rendición de cuentas así como una escala salarial justa y proporcionada a las responsabilidades.

Nuria Marín