Estos cambios podrían generar otros ¢333 mil millones, que buscarían que se trate de forma igual a las personas con respecto a la administración tributaria

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Primer desafío 2014, ganar batalla al déficit fiscal

No importa que el próximo año inicie con la batalla por las elecciones, lo primero que debe pensar la administración actual y la posible entrante, es en ponerse de acuerdo para saber qué acciones se van a tomar con respecto al déficit fiscal.
Las previsiones indican que el déficit este año cerraría en un 5,1% del Producto Interno Bruto, incrementándose incluso al 5,8% cuando sean los últimos días de 2014, lo que debe preocupar a cualquier administrador, ya que así no es sostenible ningún país, negocio o futuro.
En varias ocasiones durante el año, hemos escrito sobre esta problemática, no solo en notas informativas, sino también en análisis comparando incluso el país con el desastre financiero de Grecia en Europa, así como en diversos editoriales y foros de nuestros colaboradores.
La verdad, es que incluso, si el próximo gobierno no hiciera nada por contener el gasto —principal responsable de esta debacle— la menor cantidad de ingresos todavía soportaría el problema, pero generaría una bola de nieve incontenible que para dentro de cuatro años más, ya no sería posible sostener.
Ya LA REPÚBLICA se ha referido al tema, y hemos entregado diversa cantidad de soluciones que podrían ser tomadas en cuenta por los especialistas en la Hacienda Pública, dentro de las posiciones de los diálogos de consolidación fiscal.
Lo primero que propusimos fue reducir el costo del Gobierno, ya que el sector público se gasta al año poco más de ¢1 billón. La mayor parte destinada al pago de empleados. Si se congelaran las contrataciones —como ya se ha venido haciendo—, menores aumentos salariales, nada de privilegios por antigüedad, exclusividad o confidencialidad, con esto podríamos ahorrarnos unos ¢333 mil millones.
Lo segundo es saber recaudar eficientemente los impuestos existentes. Con la reducción en la evasión fiscal podríamos incrementar con otros ¢333 mil millones las arcas estatales.
Miles de empresas costarricenses actualmente evaden impuestos, porque nadie jamás las audita.
El Gobierno cuenta con decenas de excelentes contadores en varios departamentos, que podrían auditar estas compañías.
También podrían auditar a los profesionales independientes y otros, que actualmente contribuyen con poco o nada de impuestos, como lo ha indicado el Ministerio de Hacienda.
Por último, estaría la creación o modernización de una serie de impuestos, aunque sea tema odioso en la Asamblea Legislativa, es claro que se necesitan para parecernos más a países desarrollados en temas fiscales.
Estos cambios podrían generar otros ¢333 mil millones, que lo que buscarían es que se trate de forma igual a las personas con respecto a la administración tributaria.
Uno de ellos sería el impuesto sobre las ganancias de capital, la gente debe pagar los impuestos sobre las utilidades reales, que obtienen al vender los bienes —el llamado impuesto de ganancias de capital—.
Otro sería el impuesto por la prestación de servicios, donde la mayoría de los proveedores de servicios deberían cobrar el impuesto de ventas. Actualmente, los consumidores suelen pagar este impuesto cuando compran los productos físicos, pero no cuando compran los servicios.
Un tributo más sería el que tendrían los ingresos por intereses, donde la gente tendría que cancelar el 15% sobre el dinero que gana por concepto de intereses en los depósitos a plazo.
Por otro lado las cooperativas y mutuales deberían tener otro, ya que las personas que ganan dinero a través de ellas no cancelan el impuesto sobre la renta, a la misma tasa que pagan los accionistas de una empresa, o sea hasta el 40%, o al menos la de las personas físicas, de hasta un 25%. Hoy pagan el 5% de impuesto sobre la renta.
Por último, está el tema de varias exoneraciones, que en el país hay más de 200 regímenes que deben ser revisados para así lograr de forma más equitativa una reducción importante del déficit fiscal.