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Lunes 15 Noviembre, 2010

Presupuesto del ¿gremio?

Hoy se celebra en el Colegio de Abogados la Asamblea General donde se discutirá el presupuesto que regirá para el próximo año 2011. La mayor parte de los ingresos de esta Corporación provienen de la venta del timbre que fue creado por la Ley Nº 3245 de 1963. El Colegio, al sufragar en más del 50% sus gastos con los ingresos provenientes del timbre, sus ingresos se convierten en públicos y se conceptúan como una contribución parafiscal sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República.
La actual junta directiva pareciera que ha olvidado el deber que tiene no solo de hacer un uso eficiente y racional de los recursos públicos en beneficio de sus agremiados, sino que no ha guardado el respeto a los principios de legalidad y transparencia en sus actuaciones, violando el juramento que prestaron cuando tomaron posesión de sus puestos. Veamos algunos ejemplos:
1) La licencia de la Biblioteca Digital de la Fundación DIALNET era totalmente innecesaria, se hizo una erogación con fondos (públicos) de los agremiados en una biblioteca digital cuando ya el Colegio de Abogados disponía de una, misma que se ha desarrollado en conjunto con la Universidad de Costa Rica, acorde con nuestro sistema jurídico. La misma ha tomado muchos años, esfuerzo y fondos para su desarrollo, la biblioteca digital que ya existía se denomina CIJUL EN LINEA y, para quienes no conocen su funcionamiento, basta con solicitar el tema del que se requiera información y en aproximadamente 24 horas podrá recibir doctrina, jurisprudencia y legislación relativa al tema solicitado. Sin embargo, la actual junta directiva en forma totalmente innecesaria y utilizando fondos públicos, sin mediar ningún estudio que determinara su necesidad de compra, decidió contratar una nueva biblioteca digital.
2) En relación con el otorgamiento de una mayor cantidad de becas de maestría, cabe aclarar a la opinión pública y a los agremiados que fue la Asamblea General, en noviembre del año pasado, la que aprobó un presupuesto más alto a ese rubro, motivo por el cual la actual Junta Directiva tenía el contenido presupuestario necesario y suficiente para su ejecución en este año.
3) En lo referente al tema de responsabilidad social corporativa durante el presente año, la actual junta directiva tomó la decisión de cerrar varios Consultorios Jurídicos y Casas de Justicia a nivel nacional. Con ello, el Colegio cierra el servicio de asesoría legal que le brindaba a la comunidad nacional, que procuraba orientación y solución a sus necesidades de naturaleza legal.
4) En relación con el proyecto del Colegio de Notarios no se han dado a conocer los alcances, objetivos, y fuentes de ingresos con que se mantendrá el funcionamiento de este Colegio. ¿Existe alguna encuesta gremial que determine y precise las opiniones de los agremiados ante tal proyecto?
Se quedan en el tintero otros temas de interés no solo gremial sino de trascendencia nacional, que debemos valorar en cuanto a la gestión y utilización de los fondos públicos por la junta directiva para el próximo año. No obstante, hoy debemos acudir a la Asamblea General a solicitar explicaciones por las decisiones que se han tomado y por las venideras que se pretenden ejecutar, de conformidad con el proyecto de presupuesto que se pretende impulsar.
Porque si de algo estoy plenamente convencido, es que tenemos derecho a expresar nuestras opiniones en torno a un colegio profesional que administra fondos públicos y de alta incidencia en la vida nacional, no vaya a ser que en una de esas, los “opresores con poder” quieran cortarles las cuerdas vocales a aquellos que se manifiestan “disidentes”, como en estos días se le ocurrió en algún momento hacer a nuestros caninos, ¡privándolos de su “innato” derecho a ladrar”!

Jorge Fabio Sibaja Rodríguez
Abogado