Presidente de México no ayuda a generar confianza

 Cuando las protestas contra la corrupción y fiscales abnegados contribuyeron a destituir al presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina y luego encarcelarlo la semana pasada, muchos latinoamericanos asintieron con un gesto de aprobación y no pocos de envidia.
Prácticamente, no pasa ningún ciclo noticioso en la región sin que algunos caciques políticos y sus amigotes sean capturados con las manos en la masa pública.
Un informe reciente de Global Financial Integrity vinculó a América Latina con casi un quinto de las salidas globales anuales de fondos ilícitos, por valor de 3,3% del PIB regional, desde 2003 hasta 2012.
Y sin embargo llevar a los dirigentes políticos latinoamericanos ante la justicia por trapicheo, coimas y sobornos es poco frecuente, y encerrarlos es algo casi inaudito. México lo sabe de sobra. El amiguismo y una cultura de impunidad, típicamente ocultos por una investigación poco convincente permiten prosperar las transacciones sospechosas en los cargos más altos.
No sorprende que México aparezca constantemente en las encuestas como uno de los países más sucios de América Latina, ocupando un deslucido puesto 103 sobre 175 países en el último índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional –levemente por encima de Guatemala, 82 peldaños por debajo de Chile y 34 por debajo de Brasil.
En 2013, nueve de cada 10 mexicanos dijeron a Transparencia Internacional que la policía era corrupta o muy corrupta, en tanto 80% desestimaron al poder judicial del país por sinvergüenza. En su discurso a la nación la semana pasada, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que una serie de escándalos “ha afectado el espíritu del pueblo mexicano y su confianza en las instituciones públicas”.
El ánimo más amargo sobreviene a raíz de un cambio en los destinos de la economía de México, castigada por la caída en los precios del petróleo y el peso en baja, un 20% respecto de un año atrás.
Sin embargo, la mayoría de los peores males de Peña Nieto se generan en México. Empecemos por el caso de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos de una escuela de magisterio en el estado sureño de Guerrero, cuya desaparición y presunto asesinato hace un año todavía no se han esclarecido.
El 6 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contradijo categóricamente la investigación gubernamental de la tragedia de Guerrero, que llegó a la conclusión de que los estudiantes fueron secuestrados y ejecutados por traficantes de drogas en connivencia con políticos locales corruptos, que luego quemaron los cuerpos en un vertedero municipal arrojándolos posteriormente a un río.
Una comisión de derechos humanos mexicana había rechazado la disparatada versión del gobierno en julio. Expertos independientes, después de seis meses de investigación, señalaron deficiencias graves en el informe oficial, indicando que sería “científicamente imposible” construir una pira lo bastante grande como para incinerar tantos cadáveres en un espacio tan limitado.
Más deplorable aún, la comisión internacional también indicó que efectivos regulares del ejército y agentes de seguridad federal estaban al tanto del peligro que corrían los estudiantes y sin embargo, no solo no habían impedido el ataque, sino que inexplicablemente adoptaron un silencio de radio al momento del crimen.

Bloomberg