Preferencia por los pobres

PhD. Miguel Ángel Rodríguez

Socio Consultor Ecoanálisis

Creo que en Costa Rica durante esta pandemia casi todos tenemos la jerarquización de preferencias claramente establecida: primero defender la salud y la vida; luego apoyar a las personas que carezcan del ingreso mínimo necesario para atender sus necesidades básicas y en tercer lugar minimizar los costos sobre la economía de las políticas empleadas para enfrentar el COVID-19. Pero actuar de conformidad con estas prioridades no es fácil ni siempre evidente.

El gobierno para cumplir con el segundo objetivo estableció el Programa Proteger. Con él se otorga un subsidio mensual de ¢125.000 a las personas a quienes se les redujo la jornada más de un 50%; a quienes fueron despedidas; a quienes se les suspendió su contrato laboral, y a las personas trabajadoras independientes, temporales o informales con ingresos reducidos por la emergencia nacional por COVID-19. El subsidio es de ¢62.500 para quienes han sufrido una reducción salarial por disminución de jornada laboral, igual o inferior al 50%.

Al 10 de junio el Ministerio de Trabajo había recibido 942.020 solicitudes para la asignación de este bono y había aprobado y depositado 532.901 con una erogación de ¢64.118 millones para un mes a cada persona. Actualmente hay presupuestados ¢162.000 millones para el Programa Proteger (¢150.000 en el I presupuesto extraordinario y ¢12.000 millones de la Comisión Nacional de Emergencias) y se ha manifestado la intención de los poderes ejecutivo y legislativo -en la presentación y rechazo del II Presupuesto Extraordinario de este año- de dedicar a esa finalidad ¢75 mil millones de transferencia del INS. Con ese monto total de recursos se podría pagar los 3 meses del bono Proteger a unas 652.000 personas.

De manera que para atender por 3 meses a la totalidad de personas que habían solicitado el auxilio el pasado 10 de junio faltarían recursos adicionales por aproximadamente ¢105 mil millones, y la inversión total en el programa por 3 meses sería equivalente a 0,9% del PIB.

El aumento de otros gastos motivados por el COVID-19 -incluyendo los ¢34 mil millones pendientes de aprobar para la CCSS para compensar la rebaja en la base contributiva de los afiliados- montan a ¢36.400 millones lo que aunado a Proteger significaría un aumento en los egresos para este período de un 1% del PIB. Esto ya significa un crecimiento del gasto mayor al estimado por el Sr. exministro don Rodrigo Chaves de 0,7% del PIB

Además, la disminución neta en los ingresos corrientes para este año se estima en 2,3% del PIB y las disminuciones de gasto corriente aprobadas hasta la fecha son solo de un 0,2% del PIB, lo que indica que sin ajuste adicional en los gastos inicialmente establecidos para 2020 el déficit financiero para este año sería de 9,3% del PIB.

¿Se podría en esas condiciones extender por 3 meses más el Programa Proteger con un gasto adicional de otro 0,9% del PIB?

Me parece que sería totalmente insostenible, más ante las declaraciones del Ministro de la Presidencia consagrando las bondades sin condiciones del gasto corriente del sector público y que no se debe aplicar la regla fiscal a las Universidades.

¿Cuál sería la reacción del mercado financiero con un déficit financiero superior al 10%?

Sin embargo, si como ahora parece probable la epidemia se prolonga, no se podría dejar sin protección a las familias más necesitadas.

En esa condición deberíamos ejecutar la opción preferencial por los pobres y restringir el acceso a una segunda etapa del Programa Proteger en beneficio exclusivamente de las personas cuya familia se encuentre en condición de pobreza o en los linderos para caer en esa condición.

Para no excluir a las personas que no estén ya incluidas en el SINIRUBE se podría facultar a los EBAIS -que son las unidades más descentralizadas de nuestra institucionalidad social- que certifiquen para este objeto la situación de pobreza de los solicitantes.

Evidentemente con independencia de que se de la extensión de los efectos empobrecedores del virus SARS-CoV-2 es imprescindible una mucho mayor disminución en el gasto corriente del gobierno para este año, a pesar de lo que piense el Ministro de la Presidencia.

Cuando se viven circunstancias restrictivas como las actuales, se debe ser muy selectivo en el gasto y se requiere posponer incluso erogaciones convenientes, pero con menor esencialidad que otras. Los prejuicios en la toma de decisiones fiscales agravaron el empobrecimiento que nos deparó la crisis de los ochenta, cuando por miedo al ajuste se pospuso su implementación. No repitamos esa experiencia que ahora sería mucho más costosa en sufrimiento de las familias más necesitadas.

Debemos optar por la preferencia por los pobres de hoy y no agravar la pobreza de mañana.