Precio de combustibles enciende disputa
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Martes 10 marzo, 2009
Defensoría de los Habitantes, ICE y Recope chocan contra Aresep sobre modelo de fijación tarifaria
Precio de combustibles enciende polémica
• Cálculo de tarifas y demoras en la aplicación de rebajas desata críticas
Eduardo Baldares
ebaldares@larepublica.net
No solo los ciudadanos alzan la voz cuando los precios de los combustibles suben en el ámbito local mientras internacionalmente más bien hay rebajas.
Las posiciones no podrían ser más contradictorias, pues incluso hay instituciones que chocan entre sí por esta situación.
En medio del incendio se encuentran la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Ni cuando bajan las tarifas hay consenso, pues algunos objetan que no descienden tanto como debieran, además de que tardan demasiado en hacerlo.
La Aresep ha mantenido el esquema cuestionado pese a que hace cuatro meses debió atender un recurso en contra por parte de Leonel Fonseca, ex regulador general, quien aportó en él y en otro que sometió a la Sala Constitucional, cifras de los excedentes que según él obtiene Recope, y con las cuales se comprobaría que las bajas internacionales “no se reflejan en los precios que pagamos los consumidores”.
Al respecto la Sala IV resolvió que no le competen “aspectos técnicos o de mera legalidad”, por lo que la Aresep podía seguir ejecutando el modelo actual.
Sin hacer una propuesta concreta, Oscar Arias, presidente de la República, le solicitó a Fernando Herrero, regulador general, que revise el procedimiento tarifario, de manera que la disminución del precio del petróleo se traduzca más rápidamente en una reducción en la tarifa del transporte público.
Luego de dicha petición impresa en el denominado Plan Escudo del Gobierno para combatir la crisis económica, la Autoridad Reguladora parece dar el brazo a torcer.
Consultado sobre si Recope estaría disfrutando de ganancias adicionales —tal y como cuestionó Fonseca— el regulador se limitó a responder que “se está por iniciar, de oficio, un estudio ordinario”…
No obstante, en la Refinería sostienen que no se trata de utilidades, sino de una especie de reserva para comprar combustibles en vista de la volatilidad de los precios internacionales.
“No significa que la empresa dispone de esos recursos en efectivo o que los recursos están ociosos, pues estos están invertidos en el inventario de productos o están por ser utilizados en el pago de las importaciones para reponer inventarios, porque no pueden ser empleados para otro fin”, explicaron en Recope mediante un comunicado.
Por su parte, la Defensoría de los Habitantes se sumó a las voces en contra del modelo imperante para calcular precios.
Considera que el modelo contempla precios de referencia del producto, provenientes de las cotizaciones alta y baja reportadas por un organismo de Estados Unidos, lo cual no corresponde necesariamente a los precios reales o efectivos de compra ni al mercado que abastece a Recope.
Esta situación violentaría el principio de servicio al costo establecido en la Ley de la Aresep.
Independientemente de si la empresa regulada adquiere el producto a montos distintos, los usuarios de combustibles se habrían visto obligados a pagar a precios diferentes a los que realmente los adquiere la Refinadora.
“El ejemplo más claro se tiene con los precios de referencia para las ferias del agricultor que emite el Consejo Nacional de Producción (CNP). Dichos precios son una guía para que el consumidor valore cuán caros o baratos estarán los productos”, explicó Lisbeth Quesada, defensora de los habitantes.
“No obstante, cuando la persona asiste a la feria del agricultor, los precios reales o efectivos de compra pueden diferir de los señalados por el CNP”, agregó Quesada.
Recope aceptó por medio de un vocero que la actual metodología genera una serie de subsidios cruzados que distorsionan el precio final que pagan los consumidores, y critica la frecuencia con que se ajustan los precios internos, pues considera debería hacerse bisemanalmente y no una vez por mes.
El modelo para fijar los precios de los combustibles no es el único cuestionado por entes estatales, pues el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) también se manifiesta disconforme con el que aplica para él.
Al parecer hay un desfase grande entre el periodo en el cual se solicitan los cambios tarifarios en electricidad y cuando se compra el combustible necesario para la generación térmica.
“Se puede calcular una cosa y después comprar a un precio totalmente diferente”, explicó Gilberto de la Cruz, director de la Unidad Estratégica de Negocios del Centro Nacional de Planificación Eléctrica.
A principios de 2008 el ICE solicitó un aumento que luego se quedó corto, puesto que por diversas razones coincidieron dos aspectos negativos: aumentó en un 2% el uso de generación eléctrica mediante hidrocarburos con respecto a años anteriores, y el precio del petróleo se disparó hasta $147 el barril.
“Estábamos entrando en un problema financiero muy serio”, explicó De la Cruz.
Así las cosas, las siguientes peticiones tuvieron que ser más fuertes con el objetivo de compensar lo perdido, y todo por tener que hacer estas solicitudes con base en estimados difíciles de pronosticar en un mercado volátil como el petrolero.
Como consecuencia, el ICE quedó mal ante la opinión pública por solicitar alzas en apariencia muy fuertes, justo en momentos cuando los precios internacionales del crudo más bien tendían a la baja.
Precio de combustibles enciende polémica
• Cálculo de tarifas y demoras en la aplicación de rebajas desata críticas
Eduardo Baldares
ebaldares@larepublica.net
No solo los ciudadanos alzan la voz cuando los precios de los combustibles suben en el ámbito local mientras internacionalmente más bien hay rebajas.Las posiciones no podrían ser más contradictorias, pues incluso hay instituciones que chocan entre sí por esta situación.
En medio del incendio se encuentran la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Ni cuando bajan las tarifas hay consenso, pues algunos objetan que no descienden tanto como debieran, además de que tardan demasiado en hacerlo.
La Aresep ha mantenido el esquema cuestionado pese a que hace cuatro meses debió atender un recurso en contra por parte de Leonel Fonseca, ex regulador general, quien aportó en él y en otro que sometió a la Sala Constitucional, cifras de los excedentes que según él obtiene Recope, y con las cuales se comprobaría que las bajas internacionales “no se reflejan en los precios que pagamos los consumidores”.
Al respecto la Sala IV resolvió que no le competen “aspectos técnicos o de mera legalidad”, por lo que la Aresep podía seguir ejecutando el modelo actual.
Sin hacer una propuesta concreta, Oscar Arias, presidente de la República, le solicitó a Fernando Herrero, regulador general, que revise el procedimiento tarifario, de manera que la disminución del precio del petróleo se traduzca más rápidamente en una reducción en la tarifa del transporte público.
Luego de dicha petición impresa en el denominado Plan Escudo del Gobierno para combatir la crisis económica, la Autoridad Reguladora parece dar el brazo a torcer.
Consultado sobre si Recope estaría disfrutando de ganancias adicionales —tal y como cuestionó Fonseca— el regulador se limitó a responder que “se está por iniciar, de oficio, un estudio ordinario”…
No obstante, en la Refinería sostienen que no se trata de utilidades, sino de una especie de reserva para comprar combustibles en vista de la volatilidad de los precios internacionales.
“No significa que la empresa dispone de esos recursos en efectivo o que los recursos están ociosos, pues estos están invertidos en el inventario de productos o están por ser utilizados en el pago de las importaciones para reponer inventarios, porque no pueden ser empleados para otro fin”, explicaron en Recope mediante un comunicado.
Por su parte, la Defensoría de los Habitantes se sumó a las voces en contra del modelo imperante para calcular precios.
Considera que el modelo contempla precios de referencia del producto, provenientes de las cotizaciones alta y baja reportadas por un organismo de Estados Unidos, lo cual no corresponde necesariamente a los precios reales o efectivos de compra ni al mercado que abastece a Recope.
Esta situación violentaría el principio de servicio al costo establecido en la Ley de la Aresep.
Independientemente de si la empresa regulada adquiere el producto a montos distintos, los usuarios de combustibles se habrían visto obligados a pagar a precios diferentes a los que realmente los adquiere la Refinadora.
“El ejemplo más claro se tiene con los precios de referencia para las ferias del agricultor que emite el Consejo Nacional de Producción (CNP). Dichos precios son una guía para que el consumidor valore cuán caros o baratos estarán los productos”, explicó Lisbeth Quesada, defensora de los habitantes.
“No obstante, cuando la persona asiste a la feria del agricultor, los precios reales o efectivos de compra pueden diferir de los señalados por el CNP”, agregó Quesada.
Recope aceptó por medio de un vocero que la actual metodología genera una serie de subsidios cruzados que distorsionan el precio final que pagan los consumidores, y critica la frecuencia con que se ajustan los precios internos, pues considera debería hacerse bisemanalmente y no una vez por mes.
El modelo para fijar los precios de los combustibles no es el único cuestionado por entes estatales, pues el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) también se manifiesta disconforme con el que aplica para él.
Al parecer hay un desfase grande entre el periodo en el cual se solicitan los cambios tarifarios en electricidad y cuando se compra el combustible necesario para la generación térmica.
“Se puede calcular una cosa y después comprar a un precio totalmente diferente”, explicó Gilberto de la Cruz, director de la Unidad Estratégica de Negocios del Centro Nacional de Planificación Eléctrica.
A principios de 2008 el ICE solicitó un aumento que luego se quedó corto, puesto que por diversas razones coincidieron dos aspectos negativos: aumentó en un 2% el uso de generación eléctrica mediante hidrocarburos con respecto a años anteriores, y el precio del petróleo se disparó hasta $147 el barril.
“Estábamos entrando en un problema financiero muy serio”, explicó De la Cruz.
Así las cosas, las siguientes peticiones tuvieron que ser más fuertes con el objetivo de compensar lo perdido, y todo por tener que hacer estas solicitudes con base en estimados difíciles de pronosticar en un mercado volátil como el petrolero.
Como consecuencia, el ICE quedó mal ante la opinión pública por solicitar alzas en apariencia muy fuertes, justo en momentos cuando los precios internacionales del crudo más bien tendían a la baja.