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¿Por qué son importantes las políticas públicas en el ámbito de promoción de la competencia?

Jose Luis Arce | Jueves 28 julio, 2016


CIENCIA LÚGUBRE

¿Por qué son importantes las políticas públicas en el ámbito de promoción de la competencia?

Es claro que una asignatura pendiente para las políticas públicas en el ámbito económico es el diseño de estrategias y de acciones concretas que promuevan la eficiencia de los mercados internos y la competitividad de las firmas que interactúan en ellos.

Las denominadas “políticas industriales” han dejado de ser un tabú como en el pasado —especialmente después de la desastrosa experiencia del intervencionismo y dirigismo estatista que dominó casi tres décadas del siglo XX (desde los años 50 y hasta los 60)— y es cada vez más evidente que resulta necesario tomar acciones para fomentar el desarrollo de las actividades productivas que miren al mercado interno, especialmente en términos de promover encadenamientos, aumentar su eficiencia y productividad y propiciar la innovación y los nuevos emprendimientos.
A pesar del camino y la experiencia recorridos y de los avances en la definición de un conjunto de buenas prácticas en la materia, el camino que siguen estas políticas públicas no siempre está libre de riesgos. El clientelismo político, la excesiva ideologización de los diferentes actores que participan en su diseño e implementación y, derechamente, la ausencia de conocimiento y de un diseño apropiado que establezca los incentivos correctos para que estas funcionen suelen, en no pocas ocasiones, llevar a resultados nada positivos.
Las políticas de promoción de la competencia es un área, lejos de las tradicional política industrial, que si se desarrolla paralelamente con esta puede potenciar de manera sustancial su efectividad y, al mismo tiempo, terminar beneficiando a los consumidores.

Diversos estudios realizados en el marco del proyecto del Estado de la Nación han encontrado un potencial importante de encadenamientos productivos desaprovechados en múltiples sectores. Cuando se revisa con cuidado algunos de ellos, se trata de actividades en donde la estructura de mercado es altamente concentrada (pocos productores), donde institucionalmente existen mecanismos, algunos de naturaleza pública, que limitan la competencia y, por lo general, hay una todavía elevada protección arancelaria.
La ausencia de competencia en estas actividades, no solo impone un costo adicional a las actividades que pretendan encadenarse a ellas adquiriendo sus productos o a los consumidores finales que los adquieren, sino que además, la misma estructura de mercado o los arreglos institucionales existentes inhiben la innovación y la búsqueda de eficiencia.
En otros casos, como el de la energía eléctrica o los servicios bancarios, estructuras de incentivos incorrectas asociadas con la propiedad estatal de los principales participantes en el mercado —que se traduce en altos costos, ineficiencia y, desdichadamente, búsqueda de rentas (i.e. beneficios no asociados con el aporte al proceso productivo en términos de generación de valor, sino en virtud del control que ejercen sobre la firma)— afectan la competitividad y el acceso adecuado al crédito de pequeñas y medianas empresas.
En todos estos casos, acciones efectivas de promoción de la competencia serían un complemento ideal a políticas industriales inteligentes y bien diseñadas.
Es el momento de hacer cambios profundos a la legislación, a la institucionalidad y a los instrumentos con que se cuenta en el ámbito de la promoción de la competencia. Pero hay que vencer primero los intereses creados de muchos de estos sectores que se han beneficiado de la ingenuidad y buena voluntad de las autoridades, y al mismo tiempo evitar caer en las tentaciones controladoras e intervencionistas carentes de vínculo con la realidad de los mercados.

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