Por la institucionalidad democrática

Hablando Claro

Por la institucionalidad democrática

Desconozco como cualquier ciudadano de a pie no sabedor de leyes, las disposiciones del inmenso conjunto normativo por el cual se rige nuestro ordenamiento jurídico. Entiendo solamente que vivimos en un Estado de Derecho (con mayúscula sí). Entiendo que los honestos, dignos y decentes somos más que los pillos, narcos y ladrones. Entiendo que confiamos en nuestro sistema institucional para hacer descansar nuestra convivencia democrática.

Entiendo por tanto que en teoría “quien la hace la paga” y quisiera creer que además de la aplicación de la norma, los jueces y los magistrados ponderan todos los elementos que tienen a su haber para adoptar cada decisión en cada caso particular. Es decir, la letra de la ley, pero también el sentido de la ética en conciencia, en libertad y con independencia; la letra de la ley pero también el sentido común. La letra de la ley, pero a la luz de los intereses de la sociedad, del bien común; es decir de la tranquilidad de los que somos los más.

Estamos hartos de subterfugios y leguleyadas en ciertos casos, mientras en otros priva implacable la mano dura contra cualquier miserable que cae en delito. No digo que robar gallinas no sea robo finalmente, digo que por lo que vemos no es cierto que la ley mida con el mismo rasero a todos los que delinquen. La indignación corre como reguero de pólvora y el mal sabor de boca se va convirtiendo poco a poco en hiel.

Al tiempo de cierre de este espacio (2 p.m.) la Corte Suprema de Justicia no se había pronunciado ni mucho menos anunciado ninguna determinación o medida específica, para dar marcha atrás con la decisión de la jueza del Tribunal de Pavas, Kattia Jiménez Fernández de dar casa por cárcel a dos narcos mexicanos por la ridícula fianza de 20 millones de colones.

¿Hasta dónde llega el debido proceso en nuestro país? ¿Merece nuestra democracia una bofetada de tal naturaleza para que los ciudadanos sigan abonando su apatía y su descrédito no solo hacia la clase política sino también hacia el funcionariado y al mismísimo estado de derecho?

¿Tendremos que aceptar que aquellos que claman por justicia en las propias manos terminen por ejecutarla en rendición a nuestros principios y valores más preciados?

El caso de la narco avioneta que cayó el año pasado en el río Torres con casi 180 kilos de coca nos está costando una carísima lección de realidad. No solo porque el piloto guatemalteco lleva más de 120 millones gastados en atención hospitalaria de nuestra seguridad social, no solo porque la absurda y confortabilísima medida de condominio por cárcel costaría más de 60 millones en cuatro meses de custodia policial, como corrió a denunciarlo el viceministro Celso Gamboa, no solo por lo que cuesta el proceso todo y la alta peligrosidad que implica, sino porque golpea nuestras convicciones más preciadas acerca de la democracia y sus instituciones, ya de por sí maltrecha por recientes fallos de condenas promocionales. Basta ya de subterfugios. Primero la honra a la institucionalidad democrática y sus valores.

Vilma Ibarra