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Los costarricenses que no pueden costearse medicina privada, constituyen el capital humano con que cuentan las empresas y el Estado mismo para que crezca la economía y se desarrolle el país

Por favor, no más torpezas

Es torpe poner en peligro los estándares de salud alcanzados por el país.
Los costarricenses cuyos ingresos no les permiten costearse medicina privada, no son personas de segunda categoría o desechables; por el contrario, constituyen el capital humano con que cuentan las empresas y el mismo Estado para que crezca la economía y se desarrolle el país. Vistas las cosas desde ese ángulo y no tanto del de los Derechos Humanos.
El Estado está urgido de una reforma estructural que lo lleve a la eficiencia y eficacia y a evitar el actual despilfarro de recursos económicos y humanos. Pero la Caja, en especial su sistema de salud, tiene como urgencia adicional y vital, que quienes le deben cuantiosas sumas le paguen y continúen haciéndolo con la puntualidad que la ley, la honestidad y la inteligencia, indican.
El gobierno (actual y los anteriores) son responsables de haber originado la crisis que afecta hoy a la Caja, entre otras causas, por no pagar lo que les corresponde por ley. También lo son las autoridades de la institución por no cobrar como es debido esos dineros, y el presidente ejecutivo durante la administración Arias que se atrevió a “perdonar” una deuda sobre dineros que no le pertenecían ya que son públicos.
Poner en riesgo la vida de los costarricenses por no querer solucionar de raíz los problemas que hacen que los hospitales y clínicas del Seguro no puedan dar el buen servicio al que están obligados, y que muy bien podrían brindar si se gestionan correctamente sus finanzas, es una de las más grandes demostraciones de incumplimiento de las obligaciones de nuestros gobernantes, no solo de la actual administración (pagar una parte y con bonos ya se sabe que no era la solución al problema) sino de las anteriores que propiciaron la catástrofe.
Costa Rica debe asegurarse de tener un buen sistema público de salud de carácter solidario y este debe brindar servicios con profesionales, equipos y medicamentos de la más alta calidad.
Esto es posible con solo que el Estado y las empresas privadas contribuyan con lo que les corresponde por ley, y que la institución sea bien administrada.



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