Polémica ley contra violencia declarada inconstitucional
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Viernes 17 octubre, 2008
Sala IV determinó que existe poca claridad en artículos sobre protección a mujeres
Polémica ley contra violencia declarada inconstitucional
• Fallo dará libertad a cerca de 100 hombres encarcelados por supuesta agresión
Pablo Mora
pmora@larepublica.net
La falta de claridad en la redacción de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres puso fin a año y medio de vigencia de varias normas que castigaban la agresión.
La Sala Constitucional determinó que existen dos artículos —que pretendían proteger a las mujeres de agresión física o verbal— cuya redacción es confusa y se prestan para diversas interpretaciones.
Tras el fallo, más de 100 hombres que se encontraban presos por denuncias de presunta agresión verbal o física comenzaron a quedar en libertad desde ayer.
Esto causó alerta a representantes de algunas instituciones estatales y organizaciones que velan por los derechos de las mujeres.
“Los artículos contienen una descripción muy general. Se prestan para tratarlos como sea. Es un defecto de forma y no de fondo, pero los tipos penales no deben dejar campo para interpretaciones imprecisas”, explicó Juan José Sobrado, abogado constitucionalista y ex magistrado del Poder Judicial.
El principal problema radica en la sustentación del artículo 25, el cual hace referencia a insultos verbales en un ambiente público o privado, pero que no ofrece detalles acerca de la forma de comprobar el supuesto delito.
El otro artículo impugnado por la Sala IV es el 22, que habla de agresiones físicas y posee la misma falta de claridad en la redacción.
La decisión de los magistrados generó satisfacción entre sus detractores y desazón entre quienes la apoyan.
La discriminación en contra de los hombres y la falta de enfoque en las verdaderas causas de la violencia contra el género femenino impidieron que esta ley tuviera más éxito para reducir los casos de agresión, consideró Federico Malavassi, ex diputado del Movimiento Libertario y uno de los principales detractores de dicha jurisdicción.
“Siempre sostuvimos que esta ley encerraba inconstitucionalidades, porque no atacaba los orígenes de la violencia, como lo son el entorno de la agresión, las relaciones humanas, la educación y el comportamiento; sino que encerraba los intereses políticos de grupos feministas”, expresó Malavassi.
Por su parte, quienes defienden la ley temen que con el fallo puedan darse venganzas de quienes fueron acusados de agresiones o violencia.
“En este momento están saliendo de prisión docenas de agresores, quienes ahora pueden sentirse envalentonados, ya que el mecanismo legal que penalizaba sus agresiones dejará de aplicarse”, se quejó Jeannette Carrillo, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
Ante ello, el Poder Judicial, Adaptación Social, el Ministerio de Seguridad Pública y el propio Inamu se unieron para desarrollar un plan conjunto y evitar posibles represalias.
Un mayor control sobre los más de 100 acusados por agresión que estarán en libertad, llamar al 911 para pedir asesorías o acudir a las medidas de protección que interpone la Ley Contra la Violencia Doméstica, son algunos de los consejos que miembros de estas instituciones ofrecen a las mujeres cuyos presuntos ofensores se encuentran desde ahora fuera de la cárcel.
Sin embargo, tales medidas no difieren de las que proponían los grupos de protección de féminas en riesgos de agresión antes de publicarse el voto de la Sala IV.
La decisión de la Sala se tomó por mayoría simple, con el voto a favor de cuatro de los siete magistrados.
Polémica ley contra violencia declarada inconstitucional
• Fallo dará libertad a cerca de 100 hombres encarcelados por supuesta agresión
Pablo Mora
pmora@larepublica.net
La falta de claridad en la redacción de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres puso fin a año y medio de vigencia de varias normas que castigaban la agresión.
La Sala Constitucional determinó que existen dos artículos —que pretendían proteger a las mujeres de agresión física o verbal— cuya redacción es confusa y se prestan para diversas interpretaciones.
Tras el fallo, más de 100 hombres que se encontraban presos por denuncias de presunta agresión verbal o física comenzaron a quedar en libertad desde ayer.
Esto causó alerta a representantes de algunas instituciones estatales y organizaciones que velan por los derechos de las mujeres.
“Los artículos contienen una descripción muy general. Se prestan para tratarlos como sea. Es un defecto de forma y no de fondo, pero los tipos penales no deben dejar campo para interpretaciones imprecisas”, explicó Juan José Sobrado, abogado constitucionalista y ex magistrado del Poder Judicial.
El principal problema radica en la sustentación del artículo 25, el cual hace referencia a insultos verbales en un ambiente público o privado, pero que no ofrece detalles acerca de la forma de comprobar el supuesto delito.
El otro artículo impugnado por la Sala IV es el 22, que habla de agresiones físicas y posee la misma falta de claridad en la redacción.
La decisión de los magistrados generó satisfacción entre sus detractores y desazón entre quienes la apoyan.
La discriminación en contra de los hombres y la falta de enfoque en las verdaderas causas de la violencia contra el género femenino impidieron que esta ley tuviera más éxito para reducir los casos de agresión, consideró Federico Malavassi, ex diputado del Movimiento Libertario y uno de los principales detractores de dicha jurisdicción.
“Siempre sostuvimos que esta ley encerraba inconstitucionalidades, porque no atacaba los orígenes de la violencia, como lo son el entorno de la agresión, las relaciones humanas, la educación y el comportamiento; sino que encerraba los intereses políticos de grupos feministas”, expresó Malavassi.
Por su parte, quienes defienden la ley temen que con el fallo puedan darse venganzas de quienes fueron acusados de agresiones o violencia.
“En este momento están saliendo de prisión docenas de agresores, quienes ahora pueden sentirse envalentonados, ya que el mecanismo legal que penalizaba sus agresiones dejará de aplicarse”, se quejó Jeannette Carrillo, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
Ante ello, el Poder Judicial, Adaptación Social, el Ministerio de Seguridad Pública y el propio Inamu se unieron para desarrollar un plan conjunto y evitar posibles represalias.
Un mayor control sobre los más de 100 acusados por agresión que estarán en libertad, llamar al 911 para pedir asesorías o acudir a las medidas de protección que interpone la Ley Contra la Violencia Doméstica, son algunos de los consejos que miembros de estas instituciones ofrecen a las mujeres cuyos presuntos ofensores se encuentran desde ahora fuera de la cárcel.
Sin embargo, tales medidas no difieren de las que proponían los grupos de protección de féminas en riesgos de agresión antes de publicarse el voto de la Sala IV.
La decisión de la Sala se tomó por mayoría simple, con el voto a favor de cuatro de los siete magistrados.