David Gutierrez

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Martes 19 Abril, 2011


¿Podemos impedir la crisis?


Nunca antes habíamos sido tan advertidos de la llegada de una crisis como con el tema del crimen y la violencia en nuestro país. La tasa de homicidios en Costa Rica el indicador más básico en materia de seguridad ciudadana ha aumentado de forma inédita en la historia. Igualmente lo han hecho las denuncias por hurto y robo.
Es decir, no solamente aumentan los asesinatos, sino la violencia en la sociedad. Peor aún, por el efecto en la institucionalidad, se ha reducido la confianza en el Poder Judicial y en la policía, y ha crecido la aprobación a tomar la ley por las propias manos.
El Banco Mundial acaba de publicar un informe llamado “Crimen y violencia en Centroamérica”, cuyo argumento principal es que estos constituyen un problema clave para el desarrollo de la región, que tiene una población parecida a la de España, pero con una tasa de asesinatos 40 veces mayor (menos de 1 asesinato por día versus casi 40 asesinatos por día).
La publicación estima que, además del impacto social y en la calidad de vida, los costos de la violencia rondan el 8% del PIB regional, considerando la seguridad de los ciudadanos, los procesos judiciales y el gasto del sistema de salud.
El reporte del Banco Mundial concluye algo que no es sorpresa: el tráfico de drogas es, por un lado, un promotor importante de los índices de homicidios en Centroamérica y, al mismo tiempo, el factor principal de los niveles de violencia en la región. Se estima que 90% de la cocaína que llega a los Estados Unidos lo hace a través del corredor centroamericano.
De igual forma, el informe argumenta que por las crueles guerras que el istmo ha vivido en varios de sus países, la disponibilidad de armas de fuego es una causa importante del aumento en la criminalidad. Finalmente, el informe analiza la debilidad de las instituciones de justicia como una limitación de la eficacia en el castigo y prevención del crimen. Hay muy bajos porcentajes de crímenes resueltos y excesivamente bajos porcentajes de condenas. La impunidad reina en nuestros países.
Desde luego, el problema no tiene fácil solución. Para empezar, eso sí, tenemos que verlo como un tema país, sin politiquería y sin populismos. Es necesario identificar las “mejores prácticas” internacionales e introducir tecnologías de avanzada. Tenemos que plantearnos soluciones a corto y largo plazo. Algunos cambios, afortunadamente, han tenido efectos positivos, como la creación de los tribunales de reacción rápida. Las estrategias preventivas, como capacitación de padres y escolares son positivas, pero sus dividendos se verán a largo plazo.
Es imperativo actuar de inmediato con soluciones de corto plazo: mejorar las condiciones técnicas, materiales y económicas de los policías y de los fiscales. También es urgente mejorar el control y la sanción de quienes dictan sentencias que a todas luces parecen “extrañas”, sobre todo cuando hay narcotráfico de por medio.
Finalmente, se debe desechar la mentalidad abolicionista que ha prevalecido en la academia penalista en nuestro país. Si bien no abogamos por una “mano dura” que ha demostrado ser poco eficiente, tampoco podemos pensar en el beneficio del delincuente por encima de la víctima.
Más y mejores policías, fiscales y jueces, con un verdadero compromiso de proteger a la víctima, deberían dar resultados a corto plazo.

David Gutiérrez
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