Pocos operadores concentrarían mayoría de líneas de buses, según la Defensoría

Una posible concentración de concesiones y permisos para operar el servicio de buses, es lo que investiga la Defensoría de los Habitantes, tras una denuncia que fue presentada a la institución.

Varias fusiones de empresas en los últimos años años, harían que en la práctica haya un oligopolio en el sector de transporte público.

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La alarma de la Defensoría en este tema se activó porque en septiembre vencen las concesiones actuales y en principio, habría una renovación por unos siete años.

En ese sentido, la Defensoría solicitó colaboración técnica y criterio a la Comisión para la Promoción de la Competencia, para fiscalizar, investigar y denunciar posibles prácticas anticompetitivas y el eventual establecimiento de un oligopolio en el transporte público.

“La Defensoría tiene claro que el transporte público en Costa Rica es un servicio sometido a la rectoría y regulación estatal, cuya operación se brinda en concesión o mediante permisos de explotación a empresarios privados, pero ello no implica que la actividad y el sector estén ajenos a prácticas anticompetitivas. Por ello, se le solicitó a la Coprocom, considerando las potestades de esa Comisión, en particular las relativas a la emisión de criterios para la mejor regulación de la actividad del transporte público”, dijo Catalina Crespo, defensora de los habitantes.

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Para verificar la información, la Defensoría ha solicitado el detalles sobre las fusiones de empresas autorizadas a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica.

Asimismo, Crespo solicita un informe de las empresas a las que se les ha autorizado sustituir números de códigos de rutas y la asignación de un único código para todas esas rutas.

Por otra parte, el gobierno de Carlos Alvarado planea ampliar la concesión de buses por 15 años, a cambio de que los autobuseros compren unidades eléctricas.

“Para lograr esta extensión del plazo de las concesiones, el Poder Ejecutivo enviará a la Asamblea Legislativa en los próximos días, una reforma a la Ley 3503 que plantea, entre otras cosas, ampliar a 15 años el plazo de las concesiones de buses, exclusivamente para aquellos operadores que migren a buses eléctricos. Solo de esta manera se podrán materializar estos nuevos requisitos sin impactar la tarifa que pagan los usuarios del transporte público. En el contrato de concesión se incluirá el plan de sustitución de la flotilla”, dijo Eduardo Brenes, viceministro de Transportes.