Miguel Angel Rodríguez

Miguel Angel Rodríguez

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Lunes 10 Noviembre, 2014

Es necesario mejorar nuestro marco regulatorio para cumplir con nuestras justas ambiciones de disminuir la pobreza


DISYUNTIVAS

Pobreza y regulaciones

Recién se publicaron dos mediciones sobre nuestro país. Una indica la pobreza en las familias y otra la situación de las normas que regulan la conducción de negocios.
Esas normas establecen incentivos, costos y riesgos para formar y conducir empresas y cuando son inadecuadas, como en nuestro caso, son una de las causas por las cuales no logramos superar la pobreza.
Cuanto más cueste cumplir con las regulaciones por sus ineficiencias, menos competitivas son las empresas y menos incentivos hay para formarlas y para que crezcan. Se crean menos empleos y con salarios más bajos.
La encuesta de hogares 2014 señala que ha aumentado la proporción de familias en pobreza y la de pobreza extrema. Las primeras son un 22,4% del total y aquellas en pobreza extrema un 6,7%. Ambas proporciones crecen.
Esta triste circunstancia se torna más grave al considerar que desde su disminución hace 20 años, el porcentaje de familias en situación de pobreza se ha mantenido alrededor del 20%. Ni los programas de asistencia social (por falta de focalización), ni el crecimiento de la economía (por insuficiente) han logrado disminuir su incidencia.
El informe del Banco Mundial Doing Business 2015 indica que ocupamos el lugar 83 entre 189 economías, y en algunos de los subíndices estamos peor: en cuanto apertura de un negocio ocupamos el lugar 118; en protección de inversionistas minoritarios, el 181; en regulaciones para pago de impuestos, el 121; en procedimientos para hacer cumplir los contratos, el 129; en resolución de quiebras, el 89.
Claro que estas inadecuadas regulaciones no son los únicos obstáculos al crecimiento y a la reducción de la pobreza, y sabemos que la calidad de la educación pública secundaria y la insuficiencia de la infraestructura son serias trabas, como lo son el escaso ahorro privado y el déficit fiscal.
Pero es necesario mejorar nuestro marco regulatorio para cumplir con nuestras justas ambiciones de disminuir la pobreza y mejorar el bienestar de las familias de ingresos medios.
La propia encuesta de hogares recién publicada señala que para las familias pobres: a) el nivel de desempleo es más de cuatro veces que para los no pobres (23,9 frente a 5,7%); b) el empleo informal es el doble que entre las familias no pobres; y c) hay tres veces más personas dependientes por trabajador empleado (en las familias pobres de cada persona con trabajo dependen 1,1 personas menor de 15 o no empleada, en comparación con 0,37 dependientes por trabajador en las no pobres).
Sabemos que en América Latina el empleo informal es un escape para quienes no consiguen trabajo en las empresas formales, y que rinde ingresos muy inferiores. Nuestras familias pobres tienen niveles de informalidad como los más altos en América Latina. Urge generar empleos formales para los pobres.
Para que los pobres puedan salir de la pobreza —señaló hace ya muchos años San Juan Pablo II— es preciso facilitarles los medios para que ellos lo puedan lograr, lo que a su vez demanda más empresas y crecimiento de las existentes. Para ello deben invertir los empresarios y, como lo indican estos datos, para que lo hagan es preciso mejorar sustancialmente nuestras regulaciones.

Miguel Ángel Rodríguez