Planificación presupuestaria deficiente

Todo apunta a que este año la Asamblea Legislativa estará muy ocupada revisando presupuestos extraordinarios, pues ya inició su labor dictaminando el primero de ellos.

Uno de los motivos u objetivos del primer presupuesto extraordinario se planteó en la aplicabilidad de la norma de ejecución número 10, misma que genera resistencia en la actualidad, por hacer poco flexible las modificaciones entre partidas y permitiendo únicamente movimientos entre las subpartidas de una misma cuenta, en esos términos suena un poco confuso el asunto, pero en palabras simples, esta norma muestra la necesidad de planificación que requieren los presupuestos de las instituciones públicas, no se puede continuar con presupuestos machoteros, puesto que en muchos casos no se ajustan a la realidad y no existe calidad en el gasto.

Esta norma que inicialmente fue mal interpretada por el Ministerio de Hacienda y que luego aceptó su mala interpretación al reconocer el criterio de la Contraloría General de la República, hace que las instituciones planifiquen de forma adecuada y acorde a la realidad, pues de no ser así, estarán generando muchos presupuestos extraordinarios, no es fácil pensar que a menos de 40 días de iniciado este año, existan faltantes en las partidas presupuestarias o que se solicite cambios poco razonables como dejar en un tercio la partida para pagar a la CCSS, por la atención a los privados de libertad en el Ministerio de Justicia.

El Ministerio de Hacienda debe continuar su camino de revisión y fortalecimiento, las falencias han sido muy notorias, y los diputados (as) deben intensificar sus controles y fiscalización, pues la situación así lo amerita, solo basta recordar los presupuestos extraordinarios del año pasado y los huecos presupuestarios por la suma exorbitante de casi 1 billón de colones.

En ese orden de ideas las deficiencias siguen saliendo a luz y este primer extraordinario no fue la excepción, se conoció otro infortunio del gobierno, la Contraloría General de la República informa que Hacienda invirtió en el Banco Crédito Agrícola de Cartago a corto plazo, 50 millones de dólares y 100 millones de colones, inversión que no fue fácil de asimilar dado el conocido escenario y realidad fiscal del país y la situación financiera del extinto Banco Crédito en ese momento. Como era de esperar el Banco no pudo hacer frente a la deuda adquirida y de manera inexplicable Hacienda no realiza el registro de la inversión en el año 2017 y tampoco lo revela en la liquidación presupuestaria que presentaron a la CGR en marzo de 2018, razón que llevó al dictamen negativo de la liquidación presupuestaria de parte del Ente contralor.

Luego de esos acontecimientos queda un sin sabor, pareciera que las normas constitucionales como el artículo 176, que dice que el presupuesto de la República comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados o el artículo 181 que nos habla de la obligación de la liquidación presupuestaria o la Ley No. 8131, Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos de Costa Rica, pasaron a ser piezas de museo y su observancia dejó de ser obligatoria o prioritaria. El camino que se ha seguido a todas luces no ha sido el mejor, los costarricenses demandamos el respeto por un país de derecho y el cumplimiento de las normas, porque de no ser así corremos riesgos muy altos…