Planes "anti crisis" proliferan en Latinoamérica

Planes “anti crisis” proliferan en Latinoamérica

Bogotá

EFE

Latinoamérica está en mejores condiciones para afrontar la crisis global, pero aún así los Gobiernos han puesto en marcha agresivos planes para contrarrestar los efectos, en especial las grandes economías como México, Argentina y Brasil.

Este será el centro del debate de la 50 Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se celebrará en la ciudad colombiana de Medellín esta semana.

Consciente de que su economía está fuertemente ligada a la estadounidense, el Gobierno mexicano ha aprobado una serie de medidas, como ayudas directas por más de $3.300 millones, congelación de los precios de la gasolina, seguros al desempleo y apoyo a la vivienda.

La economía de México se contraerá en 2009 entre un 0,8 y 1,8%, motivo por el que el Ejecutivo ha anunciado una inyección de $149,2 millones para que las empresas más vulnerables no recurran a los despidos masivos.

Argentina también ha recibido ya el impacto de la crisis con la aparición de suspensiones de pago y despidos, con una actividad industrial resentida y una previsión de caída en los ingresos del Fisco, que serán menores a lo fijado en el Presupuesto Nacional, lo contrario a lo que ha venido ocurriendo desde 2003.

Aún así, las cuentas fiscales están fuertes, debido a un superávit del Tesoro histórico, lo que le permite afrontar la crisis en mejores condiciones que a comienzos de la década pasada.

Pero los azotes políticos derivados, por ejemplo, del conflicto que mantiene la presidenta Cristina Fernández con el sector agropecuario, son el peor enemigo, advierten los economistas.

En el vecino Brasil, el azote global ha mostrado su faceta más dura en el sector industrial, que ha respondido con miles de despidos, por lo que el Gobierno inyectó liquidez al sector financiero y redujo impuestos para fomentar el consumo.

Las autoridades han descartado la recesión, pero el crecimiento económico para este año puede ser marginal.

En cuanto a Venezuela, el Gobierno de Hugo Chávez anunció este sábado un recorte de 6,7% en el presupuesto fiscal de este año y subió el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 9% a 12% para encarar la crisis económica y el descenso del precio del crudo.

El barril de crudo venezolano se sitúa en torno a los $36, frente a los 60 a los que se había calculado originalmente en el presupuesto nacional, al que el petróleo aporta casi el 50% de los ingresos.

En Chile, la economía latinoamericana más abierta, se han implementado medidas para estimular la producción y defender el empleo: rebajas tributarias, subsidios a la contratación, inyección de liquidez a la banca y bonos para los más pobres.

Todo ello por una inversión superior a $4 mil millones, que se financiará con los fondos creados con excedentes del cobre, provenientes del alto precio que alcanzó el metal en los últimos años y que acumulan más de $2 mil millones.

De acuerdo al ministro de Hacienda, Andrés Velasco, la economía chilena es una mesa “apoyada en cuatro patas muy firmes” que le permitirán soportar los efectos de la crisis.

Mientras las autoridades vaticinan un crecimiento del PIB para 2009 del 2 al 3%, los expertos hablan de una caída del 0,5% o una variación nula, aunque todos coinciden en que en 2010 Chile volverá a crecer por encima del tres%.

Mientras Bolivia confía en sus reservas y Ecuador restringe las importaciones y solicita financiación a países amigos, como Venezuela, Irán, China o Rusia, Uruguay cree que el verdadero impacto llegará en 2010 y los centroamericanos se sienten ahogados por la caída de las remesas que envían los emigrantes.

En este contexto, Perú y Colombia se presentan como los países latinoamericanos con mejores condiciones para afrontar los vaivenes económicos mundiales.

Perú crecerá en torno al cinco% este año, más que ningún otro país de Latinoamérica. El Gobierno presentó un plan anticrisis de unos $3.200 millones para mantener el gasto público y privado.

Con la vista puesta en la inflación, el Ejecutivo peruano busca acelerar al máximo el gasto en infraestructura pública, contando con que otros sectores, como la minería y el textil, están abocados a una caída.