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Miércoles, 16 de octubre de 2019



NACIONALES


Roces de ilegalidad y carencia de sustento técnico le restan viabilidad

Plan para regular Uber requiere cirugía mayor: Diputados

Cobro de cuota de inscripción para plataformas y fondo especial para taxistas, serían ilegales

Esteban Arrieta [email protected] | Viernes 15 marzo, 2019

Uber
“Tenemos que valorar si el paciente aguanta la intervención”, dijo Pablo Heriberto Abarca, diputado del PUSC, para referirse al proyecto de Uber. Archivo/La República


Un nuevo texto de trabajo es una gran posibilidad, tras dos semanas de comparecencias mientras los roces de ilegalidad y la carencia de estudios técnicos, harían que los diputados descarten el proyecto para regular Uber que presentó el gobierno a finales de enero.

Lea más: Proyecto de Uber del gobierno carece de estudios técnicos

El cobro del 3% por cada servicio y el pago de un peaje de inscripción que oscilaría entre ¢44 millones para empresas nuevas y ¢8 mil millones para las compañías ya instaladas en el país, son motivos de preocupación.

El hecho de que parte del dinero recaudado se utilice para financiar la compra de nuevos vehículos a los taxistas, también inquieta a los legisladores.

Lea más: Proyecto de Uber sería ilegal, según procurador

“El proyecto de Uber requiere una cirugía mayor y después, valoraremos si el paciente aguanta la intervención”, dijo Pablo Heriberto Abarca, presidente de la comisión que analiza el plan.

El reconocimiento de que el plan no cuenta con estudios técnicos —para definir cuotas y peajes— por parte de Rodolfo Méndez, ministro del MOPT a mediados de semana, hizo que el plan perdiera viabilidad política.

En tres años de funcionamiento en el país, Uber ha contratado a más de 22 mil choferes, mientras que unas 738 mil personas se han registrado con la aplicación.

Sin embargo, su presencia ha generado un enfrentamiento con los taxistas, quienes han visto amenazado su negocio.


Opinión negativa


El proyecto para regular Uber no cuenta con el respaldo de los diputados, ni de varios sectores que asistieron a la comisión, por lo que piden su archivo.

Pablo Heriberto Abarca

Diputado
PUSC


El proyecto de Uber requiere una cirugía mayor y después, valoraremos si el paciente aguanta la intervención que queremos hacerle.
La otra semana conversaremos sobre la posibilidad de un texto sustitutivo.
El plan actual está lleno de inconsistencias legales y ausencia de estudios técnicos que lo validen.
Pienso que es un error la manera en que se pretende administrar el canon del servicio, así como la barrera de entrada que se está cobrando a los interesados en invertir.

César Blasco

Director Ejecutivo
Cámara de Plataformas


¿Cómo un ministro va a basar algo tan importante y de tanta afectación en cálculos hechos a través de publicaciones de prensa, o en Facebook?
Nos da gran tristeza lo que pasa, sobre todo, porque son miles de personas las que dependen de las plataformas de movilidad colaborativa para subsistir.

Karine Niño

Diputada
PLN


Tenemos preocupación porque el gobierno presenta un proyecto que carece de sustento técnico y así no se puede regular un servicio como el que brindan Uber y otras plataformas de movilidad colaborativa.
Como diputada, entiendo que las apps de este tipo son una revolución y que hoy en día, estas brindan trabajo a miles de personas.
Es muy probable que este texto se deseche.

Erick Ulate

Presidente
Consumidores de Costa Rica


Pedimos el archivo de este proyecto de ley, porque desde nuestro punto de vista, no sirve ni siquiera como punto de partida del debate.
Pretendemos una discusión sana para regular las plataformas de movilidad colaborativa, pero sin que esto signifique un apoyo a otro sector.


¿Qué contiene el proyecto?


Para regular el uso de plataformas como Uber, el gobierno propone varias medidas para las empresas de movilidad colaborativa.

  • Aporte del 3% sobre el precio del cada servicio al Fondo Nacional de Movilidad
  • Las empresas serían declaradas como un servicio público
  • No estarían sujetas a la regulación tarifaria de Aresep
  • Serían obligadas a inscribirse en el Consejo de Transporte Público
  • Total de choferes sería limitado al número de placas de taxis
  • Deberían cumplir con las normas de transporte de personas con discapacidad
  • Deberían pagar por registro 18 mil salarios base, actualmente ¢8 mil millones
  • Choferes tendrían que registrarse como asegurados independientes

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