Plan Escudo se estanca en infraestructura y finanzas
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Plan Escudo se estanca en infraestructura y finanzas

• Proyectos de carácter social son los que muestran un mayor avance de implementación

Carlos J. Mora
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A casi un mes de que el Presidente de la República presentara el Escudo para defender al país de los embates de una dura situación económica mundial, la puesta en marcha de las medidas se ha materializado en un sector pero no ha pasado de la teoría en otros.
Desde que fue dado a conocer el Plan Escudo, el 29 de enero, el componente del sector social es el que mayor implementación ha logrado, mientras que los temas de infraestructura y finanzas públicas se han quedado relegados.

De las siete iniciativas que tienden a resguardar a los sectores más desprovistos del país, cinco ya se encuentran en ejecución, y dos aún están en proceso de implementación. Destaca el incremento en el monto de las pensiones no contributivas de la Caja Costarricense de Seguro Social y el aumento en la cantidad de beneficiados del programa Avancemos.
En contraste, hay partes del Escudo que no han logrado ponerse a funcionar. La inversión en infraestructura y el fortalecimiento a la economía nacional presentan un mayor rezago, pues muchas de estas penden de la última palabra que den los diputados o de que los proyectos de ley sean convocados por el Poder Ejecutivo a las sesiones extraordinarias en el Congreso.
De los cuatro empréstitos para inversión en infraestructura propuestos en el plan, solo uno ha corrido con la suerte de ser aprobado en la Asamblea Legislativa, se trata de los $500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el fortalecimiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Por su parte, el Ministerio de Hacienda aún trabaja en las medidas sobre la depreciación acelerada de activos, la cual busca establecer una medida temporal para que las empresas que renueven sus activos durante este año, puedan declarar una pérdida acelerada de su valor, de forma tal que paguen un menor impuesto sobre la renta por estos.
De igual forma esta cartera tiene pendiente presentar el plan para facilitar el flujo de caja de las pequeñas y medianas empresas que sirven como proveedores del sector público mediante una reducción a 30 días el plazo máximo para el pago de las facturas.

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