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Recompensas económicas serían entregadas a los funcionarios que denuncien actos de corrupción en las instituciones del Estado, de acuerdo con Pilar Cisneros, jefa de Progreso Social Democrático.
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La otra semana se presentará un nuevo texto de trabajo de la ley anticorrupción, ya que la primera versión no incluyó el beneficio para los trabajadores.
“Se trata de un compromiso del presidente Rodrigo Chaves de la campaña anterior (…) Yo creo que con política limpia y con política que tiene un foco claro que es como darle más bienestar a los costarricenses se puede hacer un país mucho mejor. Creo que la gran mayoría de los costarricenses es gente honesta y gente trabajadora y no hay derecho que este grupito de gente corrupta se este robando la riqueza del país”, dijo Cisneros.
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Por otra parte, los empleados del Estado que denuncien actos de corrupción no serían perseguidos por el Ministerio Público, siempre y cuando la información que brinden “resulte útil, pertinente y eficaz” para frenar la corrupción, de acuerdo con un proyecto de ley que presentó el gobierno el 9 de mayo.
La idea es fortalecer la figura del “Testigo de la Corona”, con el objetivo de acabar con las grandes redes de corrupción, ya que esto facilitaría la persecución y sanción de los actos anómalos en contra de la función pública.
El proyecto también adiciona varios cambios en la ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito para incluir como violaciones al deber de probidad de los funcionarios, la omisión de la denuncia cuando el trabajador conozca que está ocurriendo algo anómalo y no lo denuncie.
Nueve de cada diez casos de corrupción son resueltos en la etapa preliminar o intermedia del proceso, esto quiere decir que no logran llegar a la etapa de juicio por no cumplir con las condiciones necesarias, según el último informe del Estado de la Justicia dado a conocer en 2020.
En los casos en que sí se logra llegar a juicio, solo se concreta una sentencia en un 3% de las situaciones.
