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Domingo, 28 de noviembre de 2021



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Pese a coincidencias, los casos “Diamante” y “Cochinilla” no tienen relación

Danny Canales dannycanales.asesor@larepublica.net | Lunes 15 noviembre, 2021 10:30 am

Un proyecto vial con una cinta amarilla que dice investigación
Archivo / La República


Las autoridades judiciales advirtieron esta mañana que el caso conocido como Operación Diamante, que generó la detención de cinco alcaldes, no tiene relación con la investigación Cochinilla.

Aunque también involucra a funcionarios y empresas relacionadas con la construcción de carreteras, ambas investigaciones se realizaron de manera independiente, advirtió Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial.

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En el caso Diamante, que estalló esta mañana, se investigó entre abril de 2019 y agosto de este año. Se relaciona con el programa de conservación de los caminos cantonales, a cargo de las municipalidades, e involucra el financiamiento del programa MOPT-BID y fondos provenientes del impuesto a los combustibles, para atender los caminos locales.

En esta indagatoria, el foco de la investigación se centra en la Constructora Meco y ocho gobiernos locales. Hasta ahora ha trascendido la detención de los alcaldes Johnny Araya, de San José; Mario Redondo, de Cartago; Humberto Soto, de Alajuela; Alfredo Córdoba, de San Carlos y Alberto Cole, de Osa, informó Glen Calvo, fiscal anticorrupción.

Cochinilla, a su vez, involucró al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y distintas unidades ejecutoras de obras, relacionadas con créditos internacionales y presupuesto nacional para atender las vías nacionales. La indagatoria se extendió entre 2018 y el primer trimestre de este año.

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Los agentes a cargo de la investigación señalan que supuestamente se habrían utilizado ¢78 mil millones para obras que no estaban contempladas. En este caso se relacionó a las empresas Meco, H. Solís, Also Frutales, consultoras dedicadas a la fiscalización de obras, entre otras. Por esta indagatoria guardan prisión preventiva -hasta marzo de 2022- Carlos Cerdas y Mélida Solís, representantes de Meco y H. Solís, respectivamente.

Ambos casos coinciden en que se habrían dado dádivas a funcionarios púbicos para favorecer a constructoras proyectos de obra pública.


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