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Trece entes del Estado no transfieren desde 2001 dinero para régimen de Invalidez, Vejez y Muerte
Pensiones se debilitan
Deuda al seguro de retiro alcanzaría los ¢360 mil millones

Trece instituciones del Estado deben al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte cerca de ¢360 mil millones afectando la vida de las reservas de ese seguro.
La deuda se origina porque las entidades estatales no transfieren un porcentaje de sus utilidades al seguro de pensiones para fortalecerlo y brindarle una mayor sostenibilidad.
El aporte debió iniciarse desde 2001, sin embargo hasta la fecha ninguna de las empresas seleccionadas ha cumplido con el mandato de la Ley de Protección al Trabajador.
Se trata de una transferencia de hasta un 15% de las utilidades que se aplicaría en forma gradual según lo definieran el Ministerio de Trabajo y la Caja Costarricense de Seguro Social, mediante la realización de estudios que indiquen el monto de la contribución de cada una de las instituciones.
Los institutos Costarricense de Electricidad y Nacional de Seguros, Correos de Costa Rica y los bancos estatales son algunas de esas 13 instituciones que deben pasar parte de sus utilidades al régimen de pensiones.
Sin ese aporte, las reservas del régimen se agotarían antes de 2051, y no se podrá alimentar los fondos dedicados a las personas que no cotizaron y que están dentro del sector de mayor pobreza.
Pero el atraso, a pesar de la publicación de un decreto sobre el tema, ha impedido que dicha contribución se realice.
Debido a ello, la Sala IV ha condenado en dos oportunidades al Estado y a la Caja por ser omisos para que se transfieran los recursos al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
La Sala Constitucional estableció remitir estudios actuariales para determinar los montos con que cada empresa contribuiría.
A la fecha no se ha remitido ningún estudio actuarial actualizado, aparte del enviado en diciembre de 2006 por la Dirección Actuarial de la Caja.
“Hay intereses oscuros para que no se aporten estos recursos que irían en beneficio de las personas adultas, de mujeres solas y de aquellos de menos recursos”, dijo Luis Chavarría, secretario de Undeca, organización que presentó el recurso de inconstitucionalidad.
Semanas atrás al ser consultada por LA REPUBLICA, la doctora Ileana Balmaceda, presidenta ejecutiva de la institución, había dicho que estaban elevando un nuevo estudio a la Presidencia para llegar a un acuerdo al respecto.
“La institución está limitada en su accionar. Es al Poder Ejecutivo al que le corresponde fijar la gradualidad para hacer la transferencia”, manifestó Luis Guillermo López, director actuarial.
No obstante, debido a que el tiempo ha pasado desde que se aprobó la Ley de Protección al Trabajador, la aplicación de un programa gradual hasta llegar al 15% ya no tendría sentido.
Ello porque la disposición debió ejecutarse desde que se aprobó la ley y a partir de 2007 las instituciones deben aportar el 15% completo.

Gabriela Masís
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