Alvaro Madrigal

Alvaro Madrigal

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Jueves 20 Agosto, 2015

O el rector del BID desconoce la realidad de cuanto acontece en nuestras finanzas públicas, o “se hizo el chancho” para no desentonar con el libreto escrito en Zapote

De cal y de arena
Pensiones obesas

Aquella pensión que en 2007 era de ¢3.572.382,85 y que el año pasado sobresalía como la más grande con sus ¢16.309.024,90, hoy se ha engordado más y está en ¢17.194.441,92 por virtud de los privilegios que acompañan al régimen que le da vida y que se carga al presupuesto nacional.
Otra pensión que un año atrás estaba en ¢9.042.559,66 hoy padece de la misma virtuosa razón de la gordura con ¢9.533.480,57. Por ahí está la que pasó de ¢7.203.948,70 a ¢7.595.051,34. La del padre de un conocido político pasó de ¢5.879.920,22 a ¢6.119.141,31.
Y por el mismo rumbo marchan las pagas de jubilación de otros regímenes obesos por privilegios como el del Poder Judicial, el del Magisterio Nacional y el de ciertos bancos, gollerías y excepciones que ofenden toda regla de equidad y justicia que arrastran a su colapso en cuestión de años —digan lo que digan sus usufructuarios— y explican la ira del ciudadano que ve, impotente, esta pantagruélica disposición del presupuesto nacional (son 60 mil las pensiones financiadas cargadas a él a un costo de ¢709.969 millones, algo más del 2% del PIB.
La administración Solís Rivera le ha puesto el pecho a tan ingente como lacerante problema con un proyecto de ley que intenta abatir el monto de las pensiones de lujo, aumentar la edad de retiro y variar sustancialmente su ajuste anual.
Hay 550 pensiones de lujo que por la vía de una decente racionalización de su monto permitirían ahorrar ¢4.000 millones al año.
Por supuesto, embridar esta bestia no va a ser fácil, se requerirá cojudez y la administración Solís cosechará el aplauso de la Nación si no se rinde ante las presiones de los usufructuarios de estas canonjías.
Contrasta esta línea de conducta con la canillera que muestra ante la indispensable e inaplazable tarea de sanear los rubros que desatan el gasto público improductivo y que determinan un déficit que se aproxima al 6% del PIB.
El país ha sido notificado de que a esta administración no la apremia, por ejemplo, el desafío de los “pluses” que acompañan las planillas del sector público ni presta atención a las prevenciones del grueso del arco político nacional en el sentido de racionalizar el gasto para dar paso a una reforma tributaria.
Adentrarse por esa ruta es, a todas luces, una aventura fallida: no tiene el presidente Solís la fuerza política necesaria para sacar adelante su fantasiosa propuesta de elevar la carga tributaria sin meterle el bisturí a los rubros del gasto corriente improductivo (el “gasto corrupto” de que habló el exministro Barahona Streber).
De nada le vale traer al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo a ejecutar el papelón de una marioneta ceñida a una rígida guía: clamar por la aprobación del incremento de las tasas tributarias y callar ante el desenfreno del gasto público que ha alcanzado ofensivos niveles.
O el rector del BID desconoce la realidad de cuanto acontece en el mundo de nuestras finanzas públicas, o “se hizo el chancho” para no desentonar con el libreto escrito en Zapote.

Álvaro Madrigal