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COLUMNISTAS


Pensar en grande

Natalia Díaz [email protected] | Jueves 31 octubre, 2019


Nos contaba una apreciada compañera aspirante a alcaldesa en uno de los cantones del litoral pacífico puntarenense que, durante una tertulia de receso en la sesión municipal de esa localidad, se abordó el tema de dar celeridad a los permisos para actividades lucrativas comerciales e industriales en el cantón. Con gran sorpresa, uno de los regidores se dejó decir que “– para qué agilizar trámites si esos inversionistas venían solo a llevarse el dinero de la comunidad-.”

Escuchando este tipo de comentarios nos damos cuenta de que algunos ediles no tienen la menor idea de a qué llegaron a un Concejo Municipal.

La prioridad de toda una corporación municipal, desde su alcalde hasta el síndico o concejal de un pequeño distrito, debe ser la de promover la instalación de negocios, industrias o servicios en su localidad. Los presupuestos del ente crecen cuanto mayor es la actividad económica en el cantón y la oferta de puestos de trabajo va en relación directa con la mayor apertura de emprendimientos productivos; asimismo, la reducción de la pobreza va indisolublemente asociada con la reducción del desempleo. Con mentalidades de aldea y conceptos errados sobre el sentido que debe tener ser un representante comunal en posiciones de mando y dirección, es imposible para un cantón logar un despegue de su desarrollo social y económico.

El reto de todo gobierno local es el crecimiento de su comunidad, y solo atrayendo inversiones nacionales y extranjeras al mismo puede lograrse tal objetivo.

Desde esta perspectiva, los electores debemos ser muy cuidadosos para elegir en manos de quiénes vamos a poner los destinos de nuestro cantón para los próximos 4 años.

Es con personas que comprendan muy bien que las municipalidades deben ser amigables con los emprendedores.

Emprender en Costa Rica, en comparación a muchos países a nivel mundial, es una tarea sumamente engorrosa y llena de trabas. Según un reporte del Banco Mundial en Costa Rica se dura en promedio 23 días para empezar un negocio, en cambio en Panamá tan solo 6 días.

Esperar meses por un permiso de salud, cumplir con requisitos, múltiples estudios técnicos y las regulaciones municipales, entre otros, son muchos de los tantos pasos que deben superar los emprendedores para abrir un negocio. En muchos casos se obliga a un comerciante a tener un local cerrado, pagando alquiler mes tras mes, esperando un permiso de funcionamiento por parte de la municipalidad.

Justamente este último caso se puede solucionar mediante una declaración jurada de parte del solicitante declarando que cumple con los permisos, bajo pena de ser sancionado caso contrario. Esto permitiría que se empiece el funcionamiento del negocio y la municipalidad inspeccione debidamente a posteriori.

Esto no significa renunciar a las potestades públicas de supervisión, si no pasar de exceso de controles previos a examen y cumplimiento a posteriori.

El reciente estudio del Banco Mundial sobre el Doing Business, establece que de 190 paìses, ocupamos la posición 144 en tramitologías y permisos para abrir un nuevo negocio. Esto no puede ocurrir en un mundo de alta competivividad y apertura

Empecemos a cambiar este paradigma paralizante a partir de febrero del 2020, votando por Unidos Podemos.




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