Peligra aporte benéfico de la Junta
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Lunes 11 junio, 2012
Trasladaría el 25% de sus ganancias a Gobierno
Peligra aporte benéfico de la Junta
Centros de ancianos, albergues infantiles y ayuda para enfermos entre afectados por proyecto de ley
Hasta un 25% menos de dinero recibirán las organizaciones beneficiadas por la Junta de Protección Social.
Esto, si se aprueba la ley de manejo eficiente de las finanzas públicas.
La iniciativa, que ya se encuentra en la Asamblea, pretende detener el crecimiento del déficit fiscal y financiar con recursos frescos los gastos del Gobierno.
Para ello, el proyecto obligaría a la Junta a trasladar al Estado un cuarto de sus utilidades anuales, las cuales se obtienen por la venta de las loterías y las raspaditas principalmente.
Esto significa que unos ¢7 mil millones al año, que hoy son repartidos entre 325 organizaciones benéficas, cambiarían de destino.
Se trata de asilos de ancianos, comedores infantiles y organizaciones que brindan ayuda a pacientes con cáncer, discapacitados y farmacodependientes, entre otras, que mensualmente financian parte de sus operaciones con las utilidades de las loterías nacionales.
“Cualquier disminución en las rentas de lotería afecta los programas sociales directamente. Si el proyecto pasa, no quedaría otro remedio que recortar la ayuda a programas sociales que hoy financiamos, a pesar de que sabemos de antemano el impacto que tendría, pues muchos de ellos no logran subsistir con lo que les damos ahora”, indicó Julio Canales, subgerente de Acción Social de la Junta.
La obligatoriedad de trasladar el 25% de las utilidades al Estado, también incluye entidades como el Instituto Nacional de Seguros, Correos de Costa Rica, Radiográfica Costarricense y el Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural, entre otras.
En primera instancia, el Gobierno pretendía aprobar un paquete de impuestos para reducir el déficit, el cual el año pasado alcanzó el 4% de la producción.
Sin embargo, a inicios de abril anterior la Sala Constitucional declaró ilegal el proyecto.
Esto hizo que la presidenta Laura Chinchilla no tuviera otra salida que dar un fuerte impulso a otras iniciativas tributarias, que incluyen mejoras en la recaudación y fiscalización, así como la de eurobonos.
La ley de manejo eficiente de las finanzas públicas es otra de las medidas alternas para enfrentar el problema de dinero.
A pesar de reconocer un grave problema por el déficit, los principales partidos de oposición no ven con buenos ojos el proyecto que recorta los recursos a la Junta, debido a la sensibilidad social de su labor.
“No podríamos estar de acuerdo con algo así, sobre todo cuando en las instituciones públicas, se gastan miles de millones de colones en consultorías y en otros gastos superfluos. El problema del déficit es serio, pero no se puede arreglar de esta forma. La Junta no se debe tocar”, indicó Luis Fishman, jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana.
Sobre este tema, se trató de obtener la opinión de Edgar Ayales, ministro de Hacienda, desde la semana pasada, pero al cierre de edición, no devolvió el mensaje dejado.
Asimismo, Carlos Ricardo Benavides, ministro de la Presidencia, remitió las consultas a la cartera de Hacienda.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Peligra aporte benéfico de la Junta
Centros de ancianos, albergues infantiles y ayuda para enfermos entre afectados por proyecto de ley
Esto, si se aprueba la ley de manejo eficiente de las finanzas públicas.
La iniciativa, que ya se encuentra en la Asamblea, pretende detener el crecimiento del déficit fiscal y financiar con recursos frescos los gastos del Gobierno.
Para ello, el proyecto obligaría a la Junta a trasladar al Estado un cuarto de sus utilidades anuales, las cuales se obtienen por la venta de las loterías y las raspaditas principalmente.
Esto significa que unos ¢7 mil millones al año, que hoy son repartidos entre 325 organizaciones benéficas, cambiarían de destino.
Se trata de asilos de ancianos, comedores infantiles y organizaciones que brindan ayuda a pacientes con cáncer, discapacitados y farmacodependientes, entre otras, que mensualmente financian parte de sus operaciones con las utilidades de las loterías nacionales.
“Cualquier disminución en las rentas de lotería afecta los programas sociales directamente. Si el proyecto pasa, no quedaría otro remedio que recortar la ayuda a programas sociales que hoy financiamos, a pesar de que sabemos de antemano el impacto que tendría, pues muchos de ellos no logran subsistir con lo que les damos ahora”, indicó Julio Canales, subgerente de Acción Social de la Junta.
La obligatoriedad de trasladar el 25% de las utilidades al Estado, también incluye entidades como el Instituto Nacional de Seguros, Correos de Costa Rica, Radiográfica Costarricense y el Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural, entre otras.
En primera instancia, el Gobierno pretendía aprobar un paquete de impuestos para reducir el déficit, el cual el año pasado alcanzó el 4% de la producción.
Sin embargo, a inicios de abril anterior la Sala Constitucional declaró ilegal el proyecto.
Esto hizo que la presidenta Laura Chinchilla no tuviera otra salida que dar un fuerte impulso a otras iniciativas tributarias, que incluyen mejoras en la recaudación y fiscalización, así como la de eurobonos.
La ley de manejo eficiente de las finanzas públicas es otra de las medidas alternas para enfrentar el problema de dinero.
A pesar de reconocer un grave problema por el déficit, los principales partidos de oposición no ven con buenos ojos el proyecto que recorta los recursos a la Junta, debido a la sensibilidad social de su labor.
“No podríamos estar de acuerdo con algo así, sobre todo cuando en las instituciones públicas, se gastan miles de millones de colones en consultorías y en otros gastos superfluos. El problema del déficit es serio, pero no se puede arreglar de esta forma. La Junta no se debe tocar”, indicó Luis Fishman, jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana.
Sobre este tema, se trató de obtener la opinión de Edgar Ayales, ministro de Hacienda, desde la semana pasada, pero al cierre de edición, no devolvió el mensaje dejado.
Asimismo, Carlos Ricardo Benavides, ministro de la Presidencia, remitió las consultas a la cartera de Hacienda.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net