PDVSA gana batalla judicial

PDVSA gana batalla judicial

Londres

EFE

PDVSA ganó ayer la batalla que ha librado con Exxon Mobil en Londres, donde un juez anuló el mandato judicial obtenido por la petrolera estadounidense para congelar $12 mil millones en activos mundiales de la empresa venezolana.

“He concluido que la orden judicial (...) debería ser anulada”, afirmó el magistrado Paul Walker, en una vista celebrada en la Sala 21 del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales.

Además, Exxon, que -según el abogado de la compañía venezolana, Gordon Pollock- no va a apelar contra el fallo, deberá pagar a la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) unas costas de 380 mil libras (unos $760 mil) en el plazo de 21 días.

PDVSA, asimismo, solicitará el próximo 18 de junio ante el Tribunal Superior una indemnización por los perjuicios que le haya podido causar la congelación de activos y, si las partes no se ponen de acuerdo, el contencioso se resolvería judicialmente en noviembre.

Exxon, el mayor grupo petrolero del mundo, había logrado que el propio Tribunal Superior emitiera el pasado 24 de enero la citada orden judicial, sin aviso previo a la firma latinoamericana.

La congelación incluía activos en refinerías en Dundee (Escocia) y Ellesmere Port (Inglaterra), así como cuentas bancarias relacionadas con ambas operaciones.

Con esa medida, el gigante norteamericano pretendía asegurarse el pago de una eventual indemnización por la nacionalización de un proyecto suyo en Venezuela, pese a que está pendiente un proceso de arbitraje en Nueva York para la resolución del conflicto. Exxon también logró mandatos judiciales, si bien de ámbito solo nacional o local, para congelar activos de PDVSA en Nueva York, Holanda y las Antillas Holandesas, una estrategia que el Gobierno venezolano no dudó en tildar de “terrorismo judicial”.

Durante el juicio en Londres, que empezó el pasado 28 de febrero y concluyó el 6 de marzo, PDVSA arguyó que el Tribunal Superior no tiene jurisdicción para congelar activos mundiales de la firma venezolana, dada su escasa presencia -y la de Exxon- en Inglaterra.

El grupo estadounidense, por su parte, sostuvo que la corte inglesa puede dictar una orden de congelación internacional de activos y acusó a la empresa estatal de actuar de “mala fe”.

Sin embargo, el juez Walker consideró ayer “inapropiada” la concesión de la orden judicial, debido a la “ausencia de activos sustanciales de PDVSA” en el Reino Unido.

Según el magistrado, la disputa tampoco responde a un caso de fraude, una de las causas que suele dar pie a la emisión de órdenes internacionales de congelación de activos.

De igual manera, el “asiento del arbitraje no está aquí”, sino en Nueva York, señaló Walker, al colegir de esas tres razones que el Tribunal Superior no tiene jurisdicción sobre PDVSA.

Tras conocerse el fallo, el embajador de Venezuela ante el Reino Unido, Samuel Moncada, declaró que “este es el principio del fin del acoso que tiene Exxon contra PDVSA alrededor del mundo”, al tiempo que el veredicto supone una “victoria total para PDVSA y Venezuela”.

“El abuso de tácticas legales para resolver disputas comerciales ha sido vencido”, dijo Moncada en el Tribunal Superior, al agregar que la decisión del juez constituye “una buena noticia para los países que manejan recursos naturales nacionales”.

En representación de la petrolera norteamericana, la abogada Catharine Otton-Goulder rehusó hacer comentarios acerca del fallo.

Toda la polémica tiene su origen en 1997, cuando Mobil (adquirida después por Exxon) y PDVSA acordaron una asociación estratégica para operar en Cerro Negro, zona situada en la Faja del Orinoco en Venezuela, uno de los yacimientos petrolíferos más ricos del mundo.

Sin embargo, el presidente venezolano, Hugo Chávez, emitió el pasado año un decreto que otorgaba a la firma estatal y sus filiales una participación del 60%, como mínimo, en las nuevas empresas mixtas dedicadas a explotar el Orinoco.

Algunas compañías foráneas aceptaron esas condiciones, pero Exxon se negó y ahora desea una indemnización por la supuesta ruptura de obligaciones contractuales por parte de PDVSA.