Alejandra Esquivel

Alejandra Esquivel

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Jueves 17 Septiembre, 2015

Creo que el Gobierno debe mejorar el sustento que le ha dado a este programa (Mi primer empleo)

“Pata renca”

El programa “Mi primer empleo” que busca crear 30 mil empleos para jóvenes menores de 35 años, mujeres y personas con discapacidad, por medio de un incentivo de ¢1,4 millones a empresas por cada trabajador contratado, de modo que cada empresa pueda contratar a un máximo de 20 personas; es muestra del ánimo socialista que ha caracterizado a este Gobierno.
Las estadísticas laborales del país son desalentadoras, pero no creo que subsidiar el empleo del sector privado, con fondos públicos, sea una alternativa positiva en el tanto la viabilidad social y económica del proyecto, no se haya cuidado desde sus orígenes.
Las autoridades públicas tienen que cumplir con sus responsabilidades, garantizando que el dinero de los contribuyentes se dirige a empresas que tengan un mayor impacto en materia de desarrollo; según el programa, una de las vías utilizadas por el Gobierno para responder a este compromiso, es mediante la creación de empleos dignos y el pago de impuestos, lo cual promueven por medio de la inclusión de estos nuevos trabajadores al sistema de planilla y no por modalidad de servicios profesionales.
En un sistema político como el nuestro, también se ha delegado al Gobierno un peso significativo sobre la responsabilidad de generar resultados de desarrollo, en este sentido, se encuentran muchas lagunas en el enfoque planteado el lunes anterior, a lo que hay que poner remedio.
Bajo un enfoque correcto, estoy de acuerdo con que un sector privado pujante, que contribuya al desarrollo equitativo, requiere apoyo público, tanto financiero como de otro tipo. No en vano se espera que para finales de 2015 la cantidad de dinero invertido en el sector privado alcance casi un tercio de la financiación pública externa (gobiernos donantes e instituciones multilaterales) a los países en desarrollo.
No obstante, cuando los recursos públicos son nacionales, se extrema la necesidad de definir cuidadosamente los parámetros de implementación en la práctica; así como revelar públicamente desde el momento cero, los instrumentos/indicadores que se utilizarán para medir resultados y cumplir con las normas más estrictas de transparencia para asegurarse de que rindan cuentas ante las partes interesadas y los ciudadanos ante los que deben responder las partes interesadas.
Dado que el sector privado se caracteriza por su ánimo de lucro, conseguir un equilibrio entre la rentabilidad social y financiera puede ser algo complejo y a veces contradictorio, por esta razón, creo que nos saltamos pasos vinculantes en materia de legislación fiscal, principalmente, dada la presión que sabemos existe sobre las finanzas públicas del país, de modo que el Gobierno pudiera garantizar que las actividades privadas que se verían beneficiadas con este programa, contribuirían en mayor medida a la generación de “bienes públicos”.
En un contexto de recursos limitados, las evaluaciones de impacto sobre el desarrollo social y económico deberían adoptarse previo a la materialización de decisiones sobre a quién, cómo y dónde se concederán este tipo de recursos públicos… el principal problema con el seguimiento y la evaluación de los proyectos públicos, es justamente actuar en sentido contrario.
El principio de subsidiar actividades productivas privadas desde el Gobierno, sea sobre precios finales, capital humano o cualquiera de los destinos del subsidio, no encabeza la ruta crítica de mi preferencia, pero si esa es la posición adoptada, creo que el Gobierno debe mejorar el sustento que le ha dado a este programa.

Alejandra Esquivel